La tarde del lunes 15 de enero será recordada como una de las más negras en la historia de la izquierda departamental. No fue la primera vez que se quebró la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Maldonado, y ese día ni siquiera hubo escenas de pugilato o insultos como en otras ocasiones. Pero la distancia que separaba a tres ediles del resto de la bancada del gobierno, aunque se sentaran unos al lado de los otros, era más grande que nunca. El silencio en el que transcurrió la sesión tenía más que ver con la perplejidad que con la calma. El Presidente de la Junta Departamental, Gastón Pereira, integrante del Frente Amplio y de la lista 708 (un pequeño grupo aliado de Cabildo 1813) había sorpresivamente retornado el viernes 12 para reasumir su cargo, renunciando a una licencia que estaba previsto durara hasta fines de febrero. Volvió para corregir supuestas irregularidades que a su juicio incurrió su suplente, la vicepresidenta Marlene Chanquet (Amanecer Frenteamplista, FA) en el envío del expediente de Satenil SA a la Intendencia Municipal de Maldonado. En la sesión anterior, que tuvo lugar el 10 de enero, se habían votado dos mociones. Una era para levantar el veto que el ejecutivo había interpuesto a un decreto de la Junta que anulaba el contrato con la empresa Satenil. Esta moción no contó con un solo voto. Los blancos, que sabían que no reunían los tres quintos necesarios, no levantaron su mano. Quisieron así dar a entender que el veto no tenía sustento legal. La siguiente moción, que sólo necesitaba 16 voluntades y fue votada por los blancos más la edila de Cabildo 1813 y el edil del PCU, devolvía el veto al ejecutivo por improcedente (ver recuadro). Luego los blancos pidieron reconsideración de la primera votación, la del levantamiento del veto. Cuando ésta se aprobó (la reconsideración), antes de votar nuevamente, los blancos y los ediles de Cabildo 1813 y el PCU se levantaron y dejaron sin quórum la sesión, por lo que el asunto quedó en el aire. La situación era, desde el punto de vista jurídico, absolutamente confusa. A la salida de la Junta, los ediles entrevistados por la prensa reconocían que no sabían en que situación quedaba todo. Para la Presidenta en funciones, en cambio, lo que sí estaba claro era que al no haberse conseguido los 19 votos para levantar el veto, el decreto había caído, y al otro día Chanquet comenzó a preparar el expediente en el que le comunicaba el hecho al ejecutivo comunal.

ABRAN CANCHA. Pero dos días después Gastón Pereira volvió a reasumir funciones y resolvió que lo único que valía de la sesión del 10 de enero era la segunda moción votada, la que devolvía el veto al ejecutivo por improcedente. Luego llamó a una reunión extraordinaria para el lunes 15, y explicó al cuerpo lo que había hecho. La protesta en sala de quien había actuado como presidenta interina, la edila Chanquet, no pudo finalizar. Al vencerse el plazo de su intervención, ni siquiera se respetó la tradicional cortesía de extenderle su tiempo, que fue votada en contra por los blancos y Cabildo. Luego tomó la palabra el edil herrerista Rodrigo Blas (que comenzó su intervención agradeciéndole a Gastón Pereira su retorno) y cuando finalizó, el Partido Nacional mocionó que se diera por suficientemente discutido el tema, lo que fue acompañado nuevamente por los tres votos frenteamplistas. No pudo hablar ningún frenteamplista. Inmediatamente el edil comunista Heber Núñez presentó una moción que decía lo siguiente: “La Junta Departamental de Maldonado RESUELVE: 1º) Ratificar en todos sus términos lo actuado por el señor Presidente de esta Corporación, acerca del procedimiento adoptado para el correcto diligenciamiento de la Resolución recaída en el Expediente Nº 1119/06 por ajustarse al Reglamento de esta Junta, de acuerdo al trámite de la Sesión de fecha 10 de enero de 2007 y declarar urgente su envío al Ejecutivo Comunal. 2º) Dar amplia difusión de lo actuado a este respecto”. Recién después de la votación, los ediles frenteamplistas pudieron expresarse. Y cuestionaron a Gastón Pereira. En primer lugar, por haber decidido que las dos mociones eran excluyentes cuando el cuerpo ya lo había discutido en sala el 10, cuando estaba de licencia, sin llegar a tomar posición. En segundo lugar, por tomar decisiones sobre una sesión en la cual él no estuvo presente ni como presidente ni como simple edil. La Alianza Progresista, el MPP, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, un independiente y el Partido Socialista rechazaron la actitud del presidente y señalaron que se habían violado gravemente las formas. El edil Carlos Etcheverry (PS) fue quien habló en último lugar, y terminó haciendo un vaticinio: “…más allá de las cuestiones de forma y toda esa lucha jurídica que podemos entablar y que puede ser interminable, lo que subyace acá son posiciones políticas irreductibles que afloran a la superficie y que van a reventar por cualquier otro tema que puede llamarse Satenil, o de cualquier otra forma”.

LA HORA BLANCA. La intendencia sigue diciendo que su veto no fue levantado, por lo que para ella el tema está resuelto. Pero los blancos están dispuestos a tomar la iniciativa para evitar que esto termine diluyéndose o peor aún, que se solucione mientras la miran de afuera. El Partido Nacional anunció que si en diez días a partir de la sesión del 15, el intendente no hace caer el contrato con Satenil, iniciará un juicio político al Intendente y una denuncia penal por el delito de abuso innominado de funciones. El juicio político no plantea ningún riesgo real para Óscar de los Santos porque éste se realiza en la Cámara de Senadores y para condenarlo (que conlleva la destitución) se necesitan dos tercios de los votos de sus integrantes, algo que no tiene la mínima posibilidad de suceder. El antecedente de juicio político más cercano en el tiempo es el del intendente de Rocha en el período anterior, Irineu Riet Correa. Aunque estaba en su peor momento y no tenía apoyo de ningún partido -alcanzaba con 11 pero fueron 29 los ediles de la Junta de Rocha que acompañaron el pedido de juicio al senado-, igualmente la cámara alta no lo condenó. Además, Darío Pérez ya anunció que no acompañaría ninguna de las dos medidas.

Por otro lado la intervención del ex director de Jurídica, el nacionalista Guillermo Ipharraguerre (ver recuadro), advirtiendo las escasas posibilidades de estas medidas y la endeblez de los argumentos, pone en cuestión toda la estrategia blanca. Y no les será fácil dar marcha atrás después de haber insistido tanto con los argumentos de la “improcedencia” del veto y la falta de respeto de De los Santos a las leyes y la constitución.

Pero la baja posibilidad de que tengan éxito los blancos tampoco es motivo para que el intendente festeje. Lo que realmente necesita De los Santos es salir de las noticias negativas y de los conflictos para concentrar sus esfuerzos en la tarea de gobernar.

En cuanto a la denuncia ante un juzgado penal, el ex Ministro del Interior del Foro Batllista -y experto abogado penalista- Alejo Fernández Cháves señaló que aunque cree que el contrato con Satenil es muy malo, desde el punto de vista legal está perfectamente hecho.

MESAS Y ASADOS. Lo demás, no ha cambiado. La Mesa Política seguirá intentando acercar posiciones una vez que termine el receso del verano. Óscar de los Santos y Darío Pérez compartieron un asado (otro más) en la casa del primero sin llegar a acuerdos. La Alianza Progresista continúa apoyando en bloque a su intendente y amenazando al diputado con llevarlo a todos los ámbitos de juicio políticos que sean posibles. Y la empresa Satenil sigue trabajando.

Pero cada día se agrega una nueva voz pidiendo una reconsideración sobre el tema. El Intendente confirmó en conferencia de prensa realizada hace un dos semanas que su secretario particular Eduardo Corletto (que anunció hace tres meses su renuncia al cargo pero sigue en funciones aunque en forma menos visible) le había aconsejado que hiciera una licitación. Y el último en sumarse ha sido el publicista Esteban Valenti, quien además de jurar por sus nietos que ni él ni su mujer ni su Agencia Perfil tienen nada que ver con Satenil, manifestó que lo mejor para De los Santos sería “cambiar radicalmente” esta situación (El Espectador, lunes 15).