Una nueva crisis en el servicio de recolección de residuos, que amenaza descontrolarse, ofrece una buena oportunidad para testear la capacidad de los partidos de Maldonado de realizar políticas de estado.
Autoridades del gobierno municipal de Maldonado se reunieron en los últimos días con dirigentes del Partido Nacional para proponerles un acuerdo para la realización de una licitación que otorgue el servicio de recolección de residuos por un período de ocho años. Los blancos anunciaron que estudiarán el planteo. Si bien la situación no ha alcanzado la extrema gravedad de lo vivido en marzo del año pasado, cuando un conflicto gremial dejó al departamento sin recolección durante una semana, son notorias las dificultades que tiene la empresa para cumplir con la eficiencia y celeridad necesaria, y la paciencia de los vecinos y de entidades como la Liga de Fomento se está terminando.
La consulta a los blancos responde a que la Constitución establece que los gobiernos municipales deben tener la aprobación de una mayoría especial de la junta departamental para realizar contratos que excedan el período de tiempo de su mandato. Y realizar una licitación por tan solo los dos años y medio que restan a esta administración implicaría aceptar un aumento muy importante del costo de este servicio, ya que así lo exigiría el plazo exiguo que tendrían las empresas para el retorno de la inversión. De ahí la necesidad de consensuar una política de estado que abra la posibilidad de ofrecer plazos razonables y permita por lo tanto ecuaciones económicas más ventajosas.
COLA DE PAJA. El papel que han tenido los blancos en el origen de la crisis hace pensar en que hay buenas probabilidades de que el gobierno obtenga una respuesta positiva, aunque en este departamento nada hay que dar por sentado. Pero la oposición no está bien parada en este trance. El 29 de marzo de 2005, cuando apenas faltaban dos meses para las elecciones municipales y las encuestas daban a la izquierda 20 puntos por encima de los blancos en Maldonado, el Partido Nacional junto a parte de la bancada colorada prorrogaron el contrato de la empresa Consorcio Ecológico por cuatro años, ante la indignación de la bancada frenteamplista. Y para salvar el escollo de las mayorías especiales requeridas constitucionalmente, los blancos interpretaron que al no tratarse de una nueva contratación sino de una prórroga, con mayoría simple alcanzaba. Y le dejaron a la siguiente administración el regalito.
Consorcio Ecológico estaba en ese momento integrado por dos empresas, Transporte 9 de Julio S.R.L. y Transportes Malvinas S.A. El hecho de que ésta última vendiera su parte a Ramón C. Álvarez S.A. pocas semanas después de la votación de la prórroga, inevitablemente disparó sospechas varias. Era conocida la estrecha relación de Ramón Álvarez con el Partido Colorado (y con el entonces senador Wilson Sanabria en particular) siendo su empresa una de las que ganó más licitaciones durante la gestión de Lucio Cáceres al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sanabria, a su vez, era el principal aliado departamental del intendente Enrique Antía, con lo que el círculo se cerraba. La celeridad –y desprolijidad- con que se había aprobado la prórroga, comenzaba a tener una explicación.
LA RESCISION. La cosa fue mal desde el principio. La prórroga del contrato fue aprobada por el legislativo departamental bajo una serie de condiciones, entre las cuales estaban la renovación de la flota y la incorporación de 1200 contenedores. Cuando llegó la fecha establecida por la Junta Departamental para que estos puntos se hubieran concretado, diciembre de 2006, el nuevo gobierno comprobó que nada se había cumplido. Por el contrario, en forma progresiva la calidad del servicio había ido disminuyendo. En enero del 2007, la empresa virtualmente colapsó al desbordarse su capacidad de recolección en el momento de mayor trabajo, cuando Punta del Este y gran parte de la región estaban desbordantes de turistas. Y en marzo de 2007 se desató en su seno un duro conflicto sindical que tuvo en vilo a todo el departamento, llegando incluso el Poder Ejecutivo a decretar la esencialidad del servicio. En abril, una de las dos partes integrantes de Consorcio Ecológico, la empresa argentina Transporte 9 de Julio SRL se retiró de la firma. Ramón Alvarez tomó las riendas de la totalidad, pero se debilitó aún más su operativa. Tenía serios problemas financieros para mantener la flota (un porcentaje muy alto de vehículos estaba en malas condiciones, y otros directamente fuera de servicio) y había sido embargado por la DGI, por lo que la IMM le retenía el 20% de los pagos. Y durante algunos meses hubo un segundo embargo judicial que motivo la retención de otro 30%. Si bien este último problema se solucionó, la situación igualmente ya era insostenible.
En junio de 2007, finalmente la Intendencia le rescindió el contrato. Fue una decisión acordada con la firma, porque hasta que no se haga la nueva licitación y una empresa suplante a Consorcio Ecológico, no hay nadie más que se haga cargo del servicio. Cuando la huelga de marzo del año pasado, el gobierno constató con amargura la situación de dependencia en que se encontraba: no tenía vehículos ni infraestructura para resolver el problema por sí mismo y ni Montevideo ni Canelones pudieron auxiliarlo. Tan sólo consiguió 3 compactadoras cedidas por la comuna rochense, y hubo de contratar 29 camiones abiertos y 144 personas para realizar el trabajo de una forma precaria.
BASURA EN CAMPAÑA. Así las cosas, la cuestión de la licitación de la recolección de basura permitirá testear nuevamente la posibilidad de establecer en Maldonado políticas de estado. El tema fue motivo de un debate en el gabinete el sábado pasado, y posteriormente de sendas reuniones tanto con la bancada oficialista como con la del Partido Nacional.
El gobierno aspira a tener un curso de acción definido -sea con un acuerdo político que permita la licitación por ocho años, o sin él, lo que implicaría un contrato por dos- antes de que finalice febrero. Los procesos licitatorios son complicados y extensos de por sí, y este caso particular conlleva por parte de la empresa ganadora la compra de vehículos y su importación, lo que hace todo aún más lento. Y la administración tiene claro que esto debe estar absolutamente resuelto para cuando comience la próxima temporada. Un acuerdo político a largo plazo permitiría aprovechar la oportunidad para avanzar en una política de recolección más organizada y más sustentable, adecuada a los tiempos modernos, incorporando el concepto de preclasificación y utilizando contenedores diferenciales.
Los blancos anunciaron que discutirán el tema en sus instancias orgánicas, pero sus dirigentes han mostrado hasta ahora una discreción inusitada, sin duda motivada por la conciencia del origen del problema. Habrá que ver, también en este tema, de qué manera incide la peculiar interna del Partido Nacional que hace que cada sector quiera marcar su perfil en todos y cada uno de los temas de debate departamental.