Las Torres de la discordia


Desesperados por la avalancha de construcciones de torres que rompen con las ordenanzas vigentes y deterioran urbanísticamente a Punta del Este, un grupo de arquitectos, comerciantes y vecinos de diferentes barrios del balneario salió a recolectar firmas para tratar de parar las últimas 11 construcciones que la Junta Departamental y la Intendencia de Maldonado aprobaron a las apuradas en las últimas semanas. Se amparan en el artículo 303 de la Constitución y cuentan hasta este lunes para hacerlo. Según el asesor jurídico de vecinos y empresarios, José Luis Sciandro, la presentación de esa cantidad de firmas a tiempo habilitará que la Cámara de Representantes derogue todos los proyectos. Pero, de todas formas, el grupo estudia entablar en forma individual juicios millonarios contra la comuna y la Junta por daños económicos contra sus propiedades.
El intendente Enrique Antía insiste en que es todo una confabulación del Frente Amplio y del próximo subsecretario de Turismo, Alberto Prandi, por puros intereses electorales. Sin embargo, los nombres de la gente que está impulsando este movimiento no son precisamente de frenteamplistas. Son conocidos empresarios de la zona como Luis Sader y Armando Sagasti, o el ya mencionado Sciandro, quien fuera secretario de la Intendencia hace dos décadas y que hace ya muchos años se ha retirado totalmente de la política.
Este problema le está costando a Antía un buen dolor de cabeza, ya que lo ha dejado aislado como pocas veces lo estuvo en estos cinco años de gobierno. Los empresarios locales, que expresaban su disconformidad en voz baja, ahora están mostrando en forma masiva su preocupación. Igual que la Sociedad de Arquitectos, la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, el sindicato de la construcción y un montón de organizaciones barriales. No hay un solo operador turístico que haya salido a apoyar a la administración: está claro que matar la gallina de los huevos de oro no le sirve a nadie. O por lo menos a muy pocos. Los intereses de las grandes empresas constructoras de construir ya y cuanto más alto mejor están chocando con los del resto del empresariado local, que se preocupa por la degradación urbanística del balneario, es decir por el futuro. Y la Intendencia no se está poniendo precisamente en el fiel de la balanza.

Los intereses contrapuestos de ediles oficialistas que aprueban las excepciones en la Junta y luego venden las unidades en sus inmobiliarias no contribuyen precisamente a darle cristalinidad al tema.

Curiosamente, las únicas voces que se han alzado para defender a la Intendencia en este tema fueron las del ministro de Turismo Pedro Bordaberry y la del propio presidente de la República. No hubo necesidad de que nadie del Frente saliera a responderle: los propios colorados de Maldonado se irritaron con estas declaraciones, y uno de sus candidatos a la Intendencia, Jorge Schusman, emitió un durísimo comunicado. “Si el ministro no conoce la política departamental, entonces antes de hablar debería preguntarle a los colorados del departamento”, señaló, y abundó:“Parecería que existiera una vinculación por encima de las estructuras partidarias, con intereses superiores a los políticos”.

El intendente Antía repite su discurso acerca de la cantidad de jornales que van a generar estos proyectos. Sin embargo, hace ya varios meses que ediles frenteamplistas están insistiendo en que hay una reactivación importante de la industria de la construcción, y que los jornales generados por estos proyectos que necesitan aprobación especial por incumplir las ordenanzas no son significativos en el conjunto. Ahora ha sido la propia directora de Control Edilicio de la comuna, Soledad Laguarda, quien confirmó este dato. La arquitecta informó al diario Correo de Punta del Este que durante el año 2004 se gestionaron permisos de construcción por 322 mil metros cuadrados, un 170 por ciento más que el año anterior. Hay que remontarse una década atrás y viajar en el tiempo a una Punta del Este floreciente para encontrar guarismos equivalentes. El porcentaje de esos permisos que corresponde a los grandes proyectos es ínfimo.