Triple cuestionamiento al intendente Enrique Antía.
Vecinos de Maldonado, la Junta y el futuro Ministro de Vivienda
Las excepciones a las ordenanzas edilicias que regulan aspectos tales como la altura o el área ocupada autorizadas por el intendente de Maldonado para construir 11 edificios en Punta del Este quedaron suspendidas por la presentación, por parte de vecinos y de la Junta Departamental, de sendos recursos ante la Cámara de Representantes. Además Mariano Arana objetó las decisiones de Antía.
El asunto está en discusión en Maldonado desde hace varios meses, cuando un aluvión de solicitudes de última hora -y su aprobación por parte de la Intendencia y la Junta Departamental- fue la gota que desbordó el vaso de la paciencia ciudadana (véase BRECHA, 8-X-04). Por primera vez, vecinos y comerciantes decidieron movilizarse y salieron a juntar firmas para activar el artículo 303 de la Constitución, que habilita los recursos contra los decretos de las juntas y las resoluciones de los intendentes. Esa norma exige en estos casos un mínimo de mil ciudadanos inscritos en el departamento o la voluntad de un tercio de los integrantes del deliberativo comunal. Los vecinos juntaron más del doble de las firmas requeridas, pero además el sábado 29 de enero tuvieron un aliado imprevisto. En una sesión extraordinaria, 11 ediles presentaron una impugnación ante la mesa de la Junta Departamental, por lo que las resoluciones municipales que habilitaban las construcciones quedaron suspendidas. La sorpresa se debió a que hasta ahora la oposición a las excepciones había sido sólo la de la bancada del Frente Amplio, que tiene nueve ediles. La inesperada presencia en sala del edil blanco Alfredo Lara, duramente enfrentado a Antía desde hace años y ausente del cuerpo durante varios meses, más el voto de una edila de la Lista 15 (PC) contribuyeron a que se alcanzara el mínimo de 11 votos requerido por la Constitución. A partir del 15 de febrero, la Cámara de Representantes tendrá 60 días para expedirse; si no lo hiciera, las resoluciones quedarán firmes. Pero con una cámara de diputados con mayoría frenteamplista, tanto los vecinos como los 11 ediles confían en que la anulación de las autorizaciones es un hecho.
PELEAS CON ARANA. Los defensores de las excepciones han sostenido que si bien los permisos tramitados son 11, no todos son edificios de altura, por lo que se estarían rechazando algunas construcciones que no merecen objeciones. Pero las restricciones de la normativa edilicia no sólo tienen que ver con la altura de las obras. Si bien lo más publicitado -porque rompe los ojos- son las tres torres de 24 pisos, hay otros proyectos que, por estar emplazados en lugares de gran valor paisajístico, tampoco podían en principio habilitarse. Entre otros casos, son los de un edifico de seis pisos sobre la Laguna del Diario y el de un complejo de tres edificios más un centro comercial en la entrada a La Barra, enseguida del puente. Pero además a esta altura tanto los vecinos como los comerciantes, arquitectos y urbanistas coinciden en que no hay que ser tan permisivos con las excepciones porque se está en una situación límite. Lo que está en juego, afirman, es el carácter mismo del balneario, sus cualidades paisajísticas, que se han convertido en su marca registrada y que lo han colocado en una posición de privilegio en el mercado turístico regional. A eso debe atribuirse el enorme consenso social que ha habido contra las autorizaciones por vía de excepción. También se han manifestado en el mismo sentido propietarios argentinos que protestan por haber hecho una inversión en determinadas condiciones y ahora sufren el cambio de las reglas del juego. Los urbanistas han recordado ejemplos en Europa, donde se han arruinado balnearios y hoy se tiran abajo enormes torres en un intento de deshacer lo que especuladores inmobiliarios y desidias gubernativas dejaron hacer.
El intendente Enrique Antía denuncia que se trata de un juego político del Frente Amplio e insiste con que estas obras son necesarias para asegurar fuentes de trabajo. Pero las cifras muestran claramente que ya hay un nuevo “boom” de la construcción y que los 11 proyectos en cuestión no son significativos si se toma en cuenta el conjunto de los permisos para construir aprobados por la comuna, la enorme mayoría de los cuales se ajusta a las ordenanzas. La única duda es si valdría la pena pagar un precio tan alto en el caso de que la industria no viviera el buen momento por el que pasa hoy. Lo expresó claramente Mariano Arana, intendente de Montevideo y futuro ministro de Vivienda, en fm Gente, cuando señaló que “las fuentes de trabajo no pueden ser pretexto para justificar aberraciones, arbitrariedades o discrecionalidades que cuando se multiplican terminan siendo por lo menos sospechosas”. Arana planteó algo que en realidad todo el departamento conoce. Los mil vínculos -públicos, a la vista de todo el mundo-, que tienen altos dirigentes blancos del departamento con sectores muy poderosos de la industria de la construcción inevitablemente levantan suspicacias sobre los motivos del empecinamiento oficialista.
Las críticas del intendente de Montevideo molestaron a Antía, quien anunció que le pediría explicaciones en forma personal y por escrito. “Se metió invadiendo la autonomía de Maldonado. Ya le hemos dicho que eso no le correspondía y que no lo íbamos a permitir, de la misma manera que nosotros no nos metemos con los problemas de Montevideo, con los hurgadores, con los carritos, con los 50 mil problemas que tiene allí” declaró, irritado, el jerarca fernandino al diario Correo de Punta del Este. Arana sin embargo no se detuvo allí y, ya en Montevideo, redobló el lunes 31 de enero sus críticas en una entrevista por televisión. Afirmó que si bien él no tenía elementos como para asegurarlo, le habían dicho que “le estarían untando la mano a alguien”. Esa declaración cayó como una bomba en la Intendencia de Maldonado, desde donde pidieron al canal la grabación para evaluar las medidas a tomar.
Era previsible que el duelo Arana-Antía continuara durante la sesión del Congreso de Intendentes que se desarrollaba al cierre de esta edición.
QUEJAS A MONTEVIDEO. En un intento de involucrar a todo el Partido Nacional en su batalla, Antía anunció públicamente que llevaría el caso al directorio blanco para pedir su respaldo ante lo que calificó de operación política. Pero el máximo órgano partidario prefirió no hacer ninguna referencia explícita al tema. Los senadores electos Julio Lara y Sergio Abreu pidieron tiempo para conocer los antecedentes, y la cosa quedó en nada. Fuentes blancas aseguraron a BRECHA que ese resultado se debió a la interna del Partido Nacional con miras a las elecciones municipales. El intendente de Maldonado, que intentará su reelección en mayo, pertenece a Correntada Wilsonista, mientras que Alianza Nacional lleva como candidato en este departamento al hasta hace pocos días secretario general de la comuna José Luis Real, quien ya ha expresado que se terminó el tiempo de las excepciones y se ha desmarcado de la posición del oficialismo.
Antía tendría que haber advertido que la cosa no venía del todo bien para sus intereses cuando Luis Alberto Lacalle, propietario de un chalet en la Barra, había matizado días antes su apoyo a la intendencia con expresiones de duda. “Como vecino, creo que hay que distinguir entre los permisos concedidos. Los hay muy justificados, y otros, quizás, no tanto”, declaró a El País el 31 de enero.
La cuestión amenaza convertirse en una derrota política del intendente, y en el peor momento, casi en el inicio de la campaña electoral. Perdida la batalla con los vecinos y en la Junta, ahora la comuna traslada el centro del debate a los aspectos legales. En un informe jurídico encargado a Daniel Hugo Martins y divulgado en los últimos días se sostiene que la resolución municipal sólo es recurrible ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La tesis es más que discutible, pero la que deberá resolver ese aspecto es la propia Cámara de Representantes, por lo que la situación no cambia demasiado. Y si los diputados, como probablemente ocurra, derogan las resoluciones municipales, ello ocurrirá en el último tramo de la campaña. Por ahora todo está paralizado hasta el 15 de febrero. Resta por ver si Antía seguirá insistiendo o si comenzará a bajar el tono en un tema que lo dejó aislado como pocas veces lo estuvo en sus cinco años de gestión.