Excepciones con implicancias varias.

La guerra de las torres en Maldonado

Las excepciones edilicias de Punta del Este siguen generando polémica.
El jueves 3, cuando se encontraron en el Congreso de Intendentes que se realizaba en Soriano, el intendente de Maldonado Enrique Antía entregó a su par capitalino Mariano Arana una anunciada y larguísima carta donde le expresaba su rechazo a las declaraciones de este último a un canal de Montevideo (Arana había calificado los proyectos como “aberrantes” y “pésimos”, agregando que”le estaban untando la mano a alguien”). La carta fue fotocopiada y entregada a todos los intendentes asistentes, distribuida a la prensa por la Intendencia y colocada en su página web. El episodio, uno más en la incipiente campaña electoral, no parece haber tenido otras consecuencias, aunque en principio se había asegurado que el intendente de Maldonado acudiría a los tribunales. Fue en cierto modo la despedida de Antía de su cargo: una semana después renunció para postularse a la reelección. Pero antes de irse dejó un regalo: el viernes 4 envió a la Junta Departamental un mensaje para habilitar cinco nuevas excepciones. Se trata de cinco complejos edilicios, tres de los cuales son torres de 23 pisos de altura. El impulsor de la recolección de firmas de las organizaciones de vecinos, el abogado ambientalista José Luis Sciandro, ya anunció que volverán a insistir por el mismo y exitoso camino para detener también estas construcciones, mientras en el Frente Amplio se estudiaban los pasos a seguir. Se da la paradójica situación de que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar las excepciones, pero la oposición tiene los suficientes para, en una etapa posterior, ya promulgadas por el ejecutivo comunal, recurrirlas ante la Cámara de Representantes.
Mientras tanto el grupo chileno Sea Forest, impulsor de uno de los proyectos impugnados y a la espera de lo que resuelvan los diputados, anunció su retiro del país. Eduardo Rodrigo, un empresario inmobiliario de la zona que oficia de vocero del grupo, informó a la prensa que pidió a los chilenos que postergaran su retiro mientras solicitaba una entrevista con Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Rodrigo (que en 1994 fue candidato a la diputación por la lista 99 del Partido Colorado) se lamentó amargamente en varios medios de lo que calificó como “falta de seguridades jurídicas” para las inversiones.
En cambio los restantes grupos empresariales afectados decidieron juntarse y crear una asociación civil que represente sus intereses. A la primera reunión asistió, además de los técnicos e inversores chilenos, españoles y uruguayos, el edil blanco Javier Álvarez, arquitecto y dueño de una constructora. No está claro si lo hizo en su carácter de representante departamental o de empresario, ya que su empresa está a cargo de uno de los proyectos cuestionados. Pero Álvarez no está solo en esto de las implicancias. El presidente de la comisión municipal encargada de evaluar las excepciones, el director general de Planeamiento Urbano y Territorial Daniel Chiachio, es hermano del arquitecto Roberto Chiachio (que lo antecediera en el cargo durante el gobierno anterior, también del Partido Nacional), cuyo estudio firma dos de las 12 polémicas excepciones que fueron recurridas. Como se ve, todo queda en familia.
Mientras tanto Invergoup, una de las empresas constructoras que tienen sus proyectos detenidos por los recursos interpuestos, redobló la apuesta y anunció que presentará otro más.
En el gobierno electo el futuro ministro de Economía marcó su discrepancia con el de Vivienda: Danilo Astori sostuvo que en materia de inversiones los voceros oficiales son los integrantes del equipo económico y agregó, en una inequívoca alusión a Arana, que lo demás eran opiniones personales.
La batalla continúa.