ONCE GRANDES PROYECTOS de construcción en Punta del Este, paralizados luego de que la Junta Departamental de Maldonado y un grupo de vecinos impugnaran su aprobación ante la Cámara de diputados, quedaron firmes al vencerse el plazo legal sin que el Parlamento se expidiera. Quedan otros seis que se espera tengan un destino parecido.
La noticia resultó una sorpresa para mucha gente, que creía que al tener la izquierda mayoría en la Cámara baja estaba garantizado el rechazo de estas obras. El tema fue objeto, a principios de año, de una extensa polémica entre el intendente de Maldonado Enrique Antía, por un lado, y el Frente Amplio de ese departamento junto al ministro Mariano Arana por otro, y estuvo a punto de costarle la elección municipal a la izquierda ante la insistente campaña lanzada por los blancos, quienes acusaban a la coalición de frustrar la creación de miles de puestos de trabajo.
Una fuente parlamentaria recordó a BRECHA que lo que los legisladores debían hacer era expedirse sobre la legalidad del procedimiento por el cual fueron aprobados por la comuna maldonadense, y no sobre su conveniencia. Y reconoció que sobre el tema no hubo unanimidad de criterios en la bancada oficialista. “Hay una tradición en el Parlamento de respetar las autonomías municipales, por lo cual si no hay una clarísima ilegalidad, prefiere abstenerse”, señaló la fuente, recordando que esa regla no escrita fue acatada incluso por blancos y colorados cuando se intentó entorpecer la gestión municipal del RP-RA en Montevideo con recursos que fueron rechazados por la Cámara de diputados, a pesar de que los partidos tradicionales tenían mayoría. Y en este caso en particular había muchas dudas.
En el vencimiento del plazo puede haber influido también que la comisión parlamentaria que tiene a su cargo el estudio del tema, la de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, está presidida por el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay (AU). Y el líder de su sector, Danilo Astori, había terciado en un par de oportunidades en la polémica señalando que estaba a favor de los grandes proyectos por la inversión que suponían, y que ese tema era de competencia de su ministerio. La fuente parlamentaria aseguró a BRECHA que en todas las comisiones que preside AU hay una concordancia exacta entre sus presidentes y las orientaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
De todas maneras, eso no significa que se vayan a construir las torres inmediatamente. Una de las impugnadoras de los proyectos, la edila por Maldonado Mary Araujo (Amanecer Frenteamplista), advirtió que las que quedaron aprobadas son consultas de viabilidad en cuanto a la posibilidad de edificar con determinadas excepciones a la ordenanza de la construcción vigente, pero falta aún que las empresas presenten los proyectos terminados a la Intendencia. “Y en algunos casos, cuando se presente el provecto definitivo, tendrá que requerirse la intervención del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tiene potestades para rechazar la obra si no se ajusta a determinados parámetros. Hay algunas que creemos no van a ser viables”, señaló Araujo. La edila expresó su escepticismo en cuanto a que la mayoría de estas 11 obras y las seis que aún están en el Parlamento- se concreten, ya que algunas forman parte de operaciones de especulación para aumentar el valor del terreno en el cual se consigue la excepción, y en otros casos ni siquiera se ha comprado aún el predio.