El nuevo gobierno progresista de Maldonado tomó duras medidas para superar una situación de caos de funcionamiento que supondrán un ahorro considerable a las deficitarias arcas de la Intendencia.

El miércoles 13 el intendente Óscar de los Santos anunció que los funcionarios ingresados con posterioridad al 15 de julio de 2000 con sueldos superiores a los 15 mil pesos (excepto en el escalafón profesional y técnico, en cuyo caso el límite asciende a 25 mil pesos) deberán tomarse la licencia reglamentaria generada hasta la fecha de finalización de sus contratos, que habitualmente es de tres meses, y luego quedarán fuera de la Intendencia. El resto de los que ingresaron en los últimos cinco años pero cobran sueldos menores, al vencimiento de sus contratos serán recontratados en el grado más bajo del escalafón que les corresponda.
Según las disposiciones vigentes, cada intendente que asume tiene la potestad de contratar gente de su confianza, que se ubica en el escalafón C del organigrama municipal y cesa junto con el cambio de gobierno. Pero la administración nacionalista fernandina contrató a personal de confianza y lo ubicó en escalafones de carrera, o bien ascendió a funcionarios de su partido en forma irregular, violando la carrera funcional. Hay cientos de casos así. En los hechos, los grados superiores de los diferentes escalafones (a los cuales se llega tras décadas de servicio) fueron utilizados por el Partido Nacional para ubicar a su gente. Los cargos de confianza no alcanzaban para cumplir con las necesidades partidarias y los acuerdos políticos, así que se fueron utilizando los que correspondían a los trabajadores permanentes. Al no ingresar en el escalafón C, estos dirigentes no se fueron con el cambio de gobierno y quedaron firmes en la plantilla municipal, topeando la carrera de quienes tenían legítimo derecho a ocupar esos lugares. Aunque el número de altos jerarcas de confianza en esa situación es de alrededor de 120, sólo la mitad serán despedidos, ya que el resto eran funcionarios municipales ascendidos irregularmente que simplemente volverán a sus grados anteriores.
El gremio de los municipales anunció su apoyo a estas medidas. Ayudó a ello la actitud de De los Santos, que durante dos días visitó todas las secciones de la Intendencia explicando esas disposiciones.
El municipio prevé un ahorro, por esta vía, de cerca de 1,1 millones de dólares anuales. El siguiente paso de la reestructura consistirá en ir dejando sin efecto, gradualmente, otras designaciones irregulares producidas en los últimos años, que abarcarían a unos 800 funcionarios, más de la cuarta parte de la plantilla municipal.
Quien está detrás de este conjunto de medidas es el nuevo director de Recursos Humanos de la Intendencia, Roberto Pérez, un sindicalista de larga data (fue presidente de ADEOM en los ochenta), y posiblemente el hombre que conoce más a fondo lo relativo a la estructura municipal del departamento y a su funcionariado. De origen comunista, recorrió junto a De los Santos el camino político que los llevó hasta la Alianza Progresista. Es desde hace años la voz autorizada en la lista 738 para los temas municipales, y, en el gabinete, una de las personas de mayor confianza del intendente.
DE CONTRABANDO. El lunes, De los Santos había pedido a todos los funcionarios de confianza encubiertos que renunciaran voluntariamente. No sólo no hubo una respuesta a su pedido, sino que según palabras de una nueva jerarca, se produjo una situación de “atrincheramiento”. Varios de los nuevos directores frenteamplistas se encontraron con que no tienen lugar para trabajar porque los jerarcas blancos se niegan a desalojar sus escritorios, y hubo quien anunció que solamente lograrán sacarlo con la fuerza pública. Otros al irse se han llevado consigo algún “recuerdo”. En los últimos días han desaparecido computadoras y máquinas de fax.
Sin embargo, y a pesar de los decretos, no todos se van. Algunos de los funcionarios de confianza de la anterior administración con mayores ingresos (como Daniel Esquibel, que ingresó en 2002 como director de Comunicaciones, Miguel Abella, secretario particular del ex intendente Enrique Antía, o Juan “Facha” Márquez, un folclórico personaje que en las elecciones municipales sacara algo más de 200 votos) han sido llevados a comisión por el actual senador Antía o por alguno de los dos diputados blancos por el departamento, Federico Casaretto y Nelson Rodríguez. La ley 16.226 permite que el funcionario municipal que está en comisión en el Parlamento conserve todos los derechos y se le renueve el contrato automáticamente, mientras lo necesite el legislador. Claro que esta ley está pensada –y así se había aplicado hasta ahora– para funcionarios de carrera; no para los de confianza. Las resoluciones de los pases a comisión fueron tomadas poco tiempo antes del cambio de gobierno. El miércoles 13 De los Santos denunció estos casos y mostró lo que le costará al departamento esta “picardía” política. Por año, la Intendencia deberá pagar 8.200 dólares en concepto de sueldos y derechos sociales por los funcionarios en comisión del único diputado del Partido Colorado, 9.500 por los de los dos diputados frenteamplistas, y la friolera de 143 mil dólares por los funcionarios que llevaron los tres legisladores blancos. Esta última cifra equivale a “casi las tres cuartas partes de lo que este gobierno va a invertir en los jornales solidarios”, un programa que además no se puede implementar todavía porque no hay dinero en caja, se quejó De los Santos. El intendente destacó que esta situación de privilegio está reñida con el espíritu de la ley 16.226, denunció que se está violando la autonomía municipal, y advirtió que buscará mecanismos para lograr que esos funcionarios de confianza queden cesantes e ingresen en su lugar otros de carrera. Paralelamente, hizo un llamado a los legisladores nacionalistas para que hagan renunciar a estos funcionarios, algo que en principio no parece vaya a tener un eco favorable.
Algunos blancos ya han comenzado a denunciar persecución política contra militantes de su partido. Pero a esta altura ya es tan pública la situación real de la Intendencia, tan evidente el desorden administrativo y tan conocido el clientelismo, que la mayoría de los dirigentes nacionalistas están guardando silencio.