A un mes de asumido, el gobierno frenteamplista de Maldonado navega con viento a favor. La primera encuesta departamental dio al intendente Óscar de los Santos un 51 por ciento de imagen positiva, un porcentaje alto habida cuenta de que la medida más publicitada ha sido una reestructura que implicó el despido de funcionarios y la reducción de sueldos y cargos.

La espectacularidad de las medidas de la reestructura mencionada no ha ayudado a que se aprecie la magnitud de otros cambios en proceso, que muestran una filosofía radicalmente diferente a la de anteriores administraciones.
Si se tuviera que resumir en pocas palabras lo que está sucediendo, habría que decir que el nuevo gobierno está aprendiendo a pararse en la cancha, que con un equipo relativamente pequeño está haciendo un relevo de la situación en las diferentes áreas, y que trabajosamente comienza a implementar los cambios prometidos. También hay que señalar que junto a las buenas intenciones hay bastante inexperiencia, y que en determinadas áreas se está viendo desbordado por una situación en extremo compleja. Hay una dificultad agregada, y es que el compromiso de mostrar una actitud diferente en lo relativo a los cargos de confianza ha llevado a De los Santos al otro extremo, conformando un equipo que en total no llega a los 30 funcionarios de confianza. Además, la herencia de un caos administrativo mayor del esperado y el descubrimiento permanente de zonas grises o directamente de casos de corrupción hacen que se distraiga tiempo en la corrección puntual en detrimento de la implementación de las nuevas políticas.
TODO CAMBIA. Los cangrejos salen de abajo de las piedras a cada momento. Todo aquello que implique intereses económicos está siendo revisado con lupa. Recién se acaba de formar el equipo que estará al frente de la Dirección de Adquisiciones, uno de los lugares clave de la administración. Y la Dirección de Higiene ha hecho, junto a un escribano, un recorrido por todos los paradores de las playas que en los últimos tres lustros han visto repetirse los concesionarios amigos de dirigentes políticos. Las situaciones de estos paradores muestran irregularidades de tal calibre que sólo un ingenuo puede pensar que son producto de errores o de la desidia municipal. Son comercios que facturan cada verano decenas o centenares de miles de dólares, pero los nuevos jerarcas han encontrado algunos en condiciones deplorables, y otros que no pagaban un peso a la Intendencia sin que por ello alguien los molestara.
Otras áreas importantes, por su peso económico y su simbolismo, son las que tienen que ver con el mantenimiento de parques y espacios verdes y con la limpieza y el barrido urbano. En cuanto a la primera tarea, tercerizada en la administración de Domingo Burgueño, el feliz adjudicatario –a quien se le dio la concesión a pesar de salir tercero en la licitación– fue nada menos que Enrique Antía, sin cuyos votos en 1989 Burgueño no habría sido electo intendente. Durante más de un lustro se le siguió adjudicando el trabajo sin licitación, gracias a lo cual facturó una cifra cercana a los 9 millones de dólares, hasta que fue electo intendente. Ahora, la nueva administración está promoviendo la formación de cooperativas de trabajadores para que se hagan cargo de las tareas.
En otras direcciones, como la Jurídica o la de Recursos Humanos, la prioridad es desatar nudos de intereses perjudiciales para la comuna, establecer mecanismos eficientes de trabajo, corregir situaciones absurdas que llevan años, y volver a implementar reglas de juego claras para todos.
El camino elegido para resolver todas estas cuestiones muestra que en la Intendencia se ha instalado una filosofía diferente. Paradójicamente, es en la Dirección General de Integración y Desarrollo Social, que se ocupa de los problemas más urgentes de exclusión social, donde la nueva administración encuentra más dificultades. Las críticas, por ahora en voz baja, señalan la falta de técnicos en el equipo conductor de esta dirección. Por ser un área prioritaria para el gobierno, fue aquí donde se nombraron más funcionarios de confianza, pero todos son dirigentes con carrera política sin formación específica en el área. El resultado es la falta de lineamientos claros, superposición de tareas, y una distancia demasiado grande entre las intenciones y los resultados.
ENFRENTAMIENTO. Pero no es sólo en el ámbito de su gestión donde la nueva administración enfrenta algunas situaciones complicadas. El despido de los funcionarios de confianza encubiertos, más la denuncia de los 143 mil dólares que la comuna deberá pagar anualmente por los funcionarios en comisión del Partido Nacional (véase BRECHA, 15-VII-05), generó un fuerte enfrentamiento con los blancos, que decidieron abandonar la mesa interpartidaria. El relacionamiento entre ambas colectividades está en su peor momento, y con el caballito de batalla de la inseguridad (véase recuadro) más las acusaciones de persecución política, los blancos están criticando duramente al gobierno de De los Santos. Y en esa guerrilla mediática muestran una habilidad muy superior a la de su rival, mientras en la izquierda se culpan unos a otros –y a los propios medios– por la insuficiente presencia de voces en defensa de la administración. Los directores dicen que tienen demasiado trabajo y que deben ser los ediles quienes hagan la defensa del gobierno, mientras que éstos alegan que no tienen experiencia política suficiente.
Así las cosas, el EP-FA corre el riesgo de perder en la liga lo que gana en la cancha. Hasta ahora la opinión pública está recibiendo positivamente las medidas enunciadas, y así lo muestran las encuestas, pero la propia experiencia del gobierno nacional indica que los problemas en la comunicación pueden transformarse, en un corto período, en un gran dolor de cabeza.
De todas maneras, el clima ciudadano es de entusiasmo por lo que se está haciendo y por las medidas que vendrán en los próximos días. La fuerza política discute la implementación de nuevas juntas locales –una promesa de campaña del intendente para los cien primeros días–, se votó el proyecto de regularización de adeudos tributarios (clave para salir del pozo actual) y los discursos tremendistas de la oposición tienen escaso eco en la opinión pública.

El frente de la inseguridad

El intendente Óscar de los Santos anunció que el municipio aportará a la Jefatura de Policía local 1.332.000 pesos por mes. El dinero servirá para abonar horas extras a 292 efectivos que participarán durante dos meses de un plan operativo. El objetivo, según el intendente, es “fortalecer el papel de la Policía y la Prefectura en el departamento”.
El tema de la seguridad se ha convertido en el centro del debate público también en Maldonado. La nueva jefa de Policía, Graciela López, ha sido fuertemente criticada por los diputados blancos y colorados del departamento, que la acusan de ineficiente a la hora de enfrentar el incremento delictivo que vive Maldonado.
En expresiones que no contribuyeron a bajar la temperatura del debate, López aseguró que no había aumento del delito sino apenas “una sensación térmica”. Sin embargo, los propios oficiales de Policía reconocen que la situación los desborda.
Pero en el problema de la inseguridad en Maldonado intervienen otros factores que obedecen no sólo a la crisis socioeconómica, sino también a intereses cruzados entre empresarios, políticos y delincuentes –sobre todo narcotraficantes– que no son nada nuevos en el departamento. No hay más que recordar cuando el intendente Burgueño fue a interesarse al juzgado penal por Omar Clavijo, seguramente el más conocido narcotraficante que hubo en este país. Dijo a un periodista que no iba como intendente, sino como vecino a interesarse por un amigo. Asesinado hace ya un par de años, Clavijo tenía en concesión, además, dos paradores municipales, uno de ellos a medias con un sobrino de Burgueño.
La nueva jefa aseguró a su llegada a Maldonado que sería muy dura con situaciones de corrupción dentro del instituto, y en el departamento se sospecha la existencia de grupos dentro de la propia Policía que están conspirando para lograr su renuncia o traslado. En varios medios de prensa vecinos han hablado de “zonas liberadas”. El confuso caso del subdirector de investigaciones de la Policía de Maldonado, acusado de apropiarse de dos botellas de espumante en un procedimiento, es una muestra de cómo viene la mano. Ni las botellas estaban denunciadas como robadas, ni los autores del hurto habían reconocido haber robado bebidas alcohólicas. La denuncia aparece después, a partir de un llamado telefónico. Este oficial, que la jefa había traído desde Montevideo, estaba a cargo de varias investigaciones importantes de corrupción policial.
Punta del Este, como cualquier centro turístico de alto nivel económico, es un mercado muy apetecible para las mafias del narcotráfico. Aquí se detuvo al contador del cártel de Cali, Ramón Puentes Patiño, y recientemente a otro narco israelí. La represión del narcotráfico en el departamento ya ha traído en el pasado otros dolores de cabeza al Ministerio del Interior. La llegada de un nuevo gobierno y una nueva jefa, con directivas muy claras, seguramente resulta una pastilla difícil de tragar para más de uno.