Los primeros dos meses de gobierno de Óscar de los Santos en Maldonado pueden ser tildados de cualquier cosa menos de tediosos. Inauguró su período con drásticas medidas de reestructura en el aparato municipal, y continúa en estos días con una tormenta política quizá más complicada de resolver que el desastre ocasionado por el temporal de agosto.

La aterrorizante velocidad de los vientos del 23 de agosto azuzó el enfrentamiento político en Maldonado. Los encontronazos del gobierno con la oposición blanca continúan, con la (preocupante) diferencia de que en esta ocasión el intendente pintor no encuentra una fuerza monolíticamente unida a su alrededor. Tres ediles del EP-FA han anunciado que no votarán el paquete de medidas tributarias anunciadas por el gobierno para enfrentar la situación generada por el temporal, si se mantiene en los términos en que fue enviado a la Junta Departamental. Y si bien el resto de la fuerza está dispuesto a alzar su mano, para algunos de los ediles será un sapo difícil de tragar. Incluso en sectores cercanos al gobierno hay disconformidad con el paquete de medidas, y más aun con la forma en que se gestionó la crisis. Algunos dirigentes de la izquierda reconocen que hubo un apresuramiento en difundir tanto el estimativo de los daños como la solución para enfrentarlos, y creen que hubiera sido prudente esperar un poco más para discutirlo y analizarlo con datos más concretos.
El escenario político parece complicarse cada vez más para el gobierno. La conformación de un acuerdo entre el diputado Darío Pérez y su grupo Cabildo 1813, el Partido Comunista y la lista 708 vuelve a parar sobre la cancha al legislador carolino, que había quedado debilitado luego de la derrota en la interna. Pérez se reunió recientemente con el intendente, pero el encuentro terminó sin humo blanco. El diputado fue tajante al anunciar que no estarán los votos de los ediles que le responden “si lo que las autoridades departamentales quieren es, además de solucionar los problemas del temporal, aprovechar para disminuir el déficit con que cuenta la comuna” (El País, miércoles 14).
El intendente tuvo que concurrir el viernes 9 a la Junta con varios de sus directores para dar explicaciones a la oposición blanca, y esa misma noche ingresó al legislativo departamental el proyecto, a pesar de las discrepancias en su propio lema. Ahora el tema será discutido por la Comisión de Hacienda, antes de pasar al plenario para ser votado. Pero con el poco entusiasmo que hay dentro de la izquierda, y el riesgo de que se produzca un resquebrajamiento en la bancada oficialista (algo de imprevisibles consecuencias), no sería raro que ese proceso se demorara dos o tres meses.
DISCREPANCIAS. Las medidas tributarias que causan tanta polémica (véase BRECHA, 2-IX-05) permitirán recaudar unos 5 millones de dólares. Pero los críticos no están de acuerdo con el monto estimado de los daños ni con las medidas.
Gastón Pereira (lista 708, Encuentro Frenteamplista), uno de los tres ediles que integran el aún no oficializado pero ya operativo acuerdo político de Pérez, advierte que el ejecutivo se ha apresurado y no está haciendo las cosas bien. Para Pereira, dado que las medidas recién tendrán aplicación el año que viene, habría que haber esperado a tener más datos a la vista. “No entiendo todo este barullo cuando la recaudación de este paquete de medidas se va a instrumentar en enero y febrero”, señaló a BRECHA. El edil enumera las ventajas de esperar: “En diciembre vamos a tener claro cuánto efectivamente se gastó, y ahí si se suben impuestos se hará no en base a presupuestos sino a realidades. Hay además un plan de refinanciación de adeudos que termina el 31 de octubre; hoy no sabemos si se va a recaudar un millón y medio o seis. Ponernos ahora a hacer estos cálculos, cuando podemos en noviembre o diciembre tomar las medidas con todas las cartas a la vista, no me parece práctico”, afirma.
Pereira a su vez advierte que no se han evaluado las consecuencias que pueden tener estas medidas. “La gente se olvida de muchas cosas, pero no se olvida, dentro y fuera, que el Flaco dijo que no se iban a aumentar los impuestos. Son cosas muy sensibles que tenemos que manejar con mucha prudencia.” Pereira tiene varias ideas para solucionar el problema sin recurrir al aumento de impuestos, pero se lamenta de que no haya habido oportunidad de discutirlo antes de que el gobierno hiciera los anuncios: “Nos embretamos innecesariamente: salimos muy rápido a los medios antes de analizar en profundidad y antes de acordar en la interna”.
JUSTICIA TRIBUTARIA. Más cercano al oficialismo, el edil Eduardo Bonilla (Amanecer Frenteamplista) recuerda que de la manera en que están planteados los impuestos, éstos van a recaer, sobre todo, en quienes tienen más recursos y a quienes la Intendencia les está sacando los árboles de las calles y de sus propios jardines. Porque los vientos hicieron el principal daño en los barrios residenciales de alto nivel del balneario. “Sin estas medidas, ese trabajo lo pagarán todos los ciudadanos, incluyendo los de los asentamientos”, aseguró a BRECHA. Esta es, en general, la posición de la mayoría del Frente Amplio, a la que le preocupa más la falta de participación de la fuerza política en la elaboración de las medidas que éstas en sí mismas. El intendente trasmitió el contenido del paquete a la Interpartidaria horas antes que a la propia Agrupación de Gobierno del EP-FA, lo que molestó mucho a algunos dirigentes de izquierda. Y a pesar de las discrepancias planteadas en la reunión y el pedido de dirigentes oficialistas de que se estudiara todo con más calma, a la media hora de finalizado el encuentro el intendente realizó una conferencia de prensa y lanzó el paquete a la opinión pública, lo que terminó de recalentar el ambiente dentro de la coalición gobernante.
Por otra parte, fuentes cercanas al gobierno aseguran que había que tomar medidas cuando la gente está sensibilizada, ya que después hubiera sido mucho más difícil. Y recuerdan además el escaso apoyo dado por el gobierno nacional ante una de las catástrofes más importantes que ha sufrido el departamento.
Lo cierto es que esta situación ha generado un desgaste muy palpable de la imagen del gobierno ante la opinión pública. El manejo confuso en la cifra de daños, que pasó de 18 a 14 millones de dólares para luego volver a 18, tampoco ayuda en un departamento peculiar: si en Uruguay hay 3 millones de directores técnicos, en el departamento de Maldonado hay 150 mil constructores. Todos hacen números, todos tienen opinión. Y todos critican.
Pero quizás la principal consecuencia de este episodio sea la consolidación de un bloque opositor dentro de la propia fuerza gobernante, no por anunciado menos preocupante para los dirigentes de esa fuerza. De cómo se defina el escenario, y sobre todo de cómo administre la izquierda las diferencias entre sus dos principales dirigentes, el intendente De los Santos y el diputado Pérez, puede depender el futuro del gobierno progresista de Maldonado.