La ausencia de una estrategia común entre los gobiernos departamentales del EP-FA puede dejar a Maldonado –pieza clave del Interior para la fuerza política– como la primera víctima en la batalla entre los noveles intendentes y el experimentado bloque blanco.
La polémica entre blancos y frenteamplistas por la porción que le tocará a Maldonado del monto destinado por el gobierno central a las intendencias, refleja los nuevos desafíos que debe enfrentar la izquierda, ahora en poder de ocho intendencias.
La pelea local gira en torno a quién es el culpable de los criterios establecidos en la propuesta de reparto de recursos para la nueva ley de presupuesto, que perjudican a Maldonado. El actual gobierno frenteamplista y el anterior blanco se adjudican mutuamente responsabilidades. Pero al margen de esta reyerta, el caso pone por primera vez sobre el tapete la ausencia de una estrategia común de las diferentes regiones gobernadas por la izquierda, que se enfrentan a un bloque de departamentos gobernados por blancos con gran experiencia política.
La llegada de Tabaré Vázquez a la Presidencia trajo dos cambios significativos en esta área: la participación de Montevideo en los recursos asignados por el presupuesto a las intendencias, y la asignación de un porcentaje mayor de dinero –con un tranquilizador piso de 3.400 millones de pesos– para los gobiernos locales. Pero la relación de fuerzas en el actual Congreso de Intendentes (CI), y sobre todo el espinoso tema del reparto de recursos, son los novedosos ingredientes de un escenario político que la izquierda parece no haber previsto hasta ahora.
LOS HECHOS. Hace pocos meses, el CI decidió cambiar la forma por la cual las comunas captan recursos del gobierno central. Para terminar con la desgastante pelea por el cobro de las diferentes partidas (una decena de ítems que van desde un porcentaje de casinos hasta otro del IMESI al gasoil), se prefirió proponer al Ministerio de Economía la derogación de todas las leyes que les asignaban recursos y conformar una bolsa común de la cual se repartiría dinero a todas las intendencias. El problema es que cuando el CI decidió los criterios para calcular los porcentajes a repartir de esa bolsa común, la solución encontrada redujo a la mitad los recursos asignados a Maldonado. Mauro Mendiburu, director de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, contó a BRECHA que ese proceso se acordó en mayo y junio. Aún estaban al frente de todas las comunas las administraciones blancas y coloradas, muchas de ellas ya derrotadas electoralmente. El problema consiste en que los jerarcas nacionalistas de Maldonado no informaron de lo que se estaba discutiendo a la administración frenteamplista electa, aunque se reunían diariamente preparando la transición.
“En los meses de mayo y junio se determinaron una serie de variables para ver qué le tocaba a cada departamento, algo incorrecto porque habría que haber esperado a las nuevas autoridades que asumieron el 7 de julio. En esos meses hubo un montón de conversaciones y se tomaron decisiones que después fue imposible revertir. Y en esa nueva postura, Maldonado pasaba de tener un 8,1 por ciento a un 4,19 por ciento. La responsabilidad que tiene la administración anterior del Partido Nacional es grande, porque además yo tengo un montón de documentos de esas reuniones donde constan las protestas de algunos intendentes, entre los cuales no estaba el de Maldonado, que se cayó la boca”, afirmó Mendiburu. Algo similar les ocurrió a otros departamentos donde ganó la izquierda.
El CI elaboró en esos meses una fórmula que contempla la superficie, la relación inversa del pbi, la pobreza relativa y la población de cada departamento. Mendiburu la rechaza tajantemente: “Es absurdo. Cuando uno ve la distribución que se hace en España o en otros países de Europa, observa que jamás se usan criterios tan a contrapelo. El tener territorio más grande no implica que se tienen más gastos. La idea de que los departamentos más pobres reciban más que los más ricos es hiperconservadora, porque implica retrasar la producción. Si cuanto más produzco menos recibo, entonces tengo menos aliciente para producir. Además, quienes más producen, pagan más impuestos, y si pagan más impuestos sería bueno que se reinvirtieran en el departamento donde se produce la riqueza”.
Con los nuevos criterios, Maldonado se convertía en el único departamento que a pesar del aumento general del rubro, recibiría sustancialmente menos dinero que en el anterior quinquenio, una pérdida de alrededor de 9 millones de dólares. La negativa de la nueva administración de Maldonado a aceptar este recorte llevó a que su director de Hacienda abandonara la sesión del CI la noche del 26 de agosto. El cuerpo entonces buscó una solución intermedia, y planteó para este departamento un sistema que combinaba un 50 por ciento por el viejo método y el restante 50 por los nuevos cálculos. La propuesta que finalmente incorporó el CI y llevó al Parlamento, aumentó entonces hasta el 6,65 por ciento la participación de Maldonado en la bolsa común. Fue un paso adelante que aún no conforma a las autoridades maldonadenses, ya que igualmente en esas condiciones el suyo sería el único departamento que perdería una gran suma con respecto a años anteriores.
Pero todo el proceso de discusión demostró las fallas de la izquierda a la hora de actuar como fuerza política. Los intendentes blancos, algunos con mucha experiencia, condujeron el proceso de discusión, elaboraron una estrategia antes del cambio de las administraciones y en grandes líneas la mantuvieron luego del 7 de julio ante los nuevos colegas. Los frenteamplistas, en cambio, no coordinaron entre sí una posición común y se limitaron a defender cada uno su propia chacra. La ausencia de la fuerza política –y la actitud del Ministerio de Economía, que fue prescindente y dejó al CI la fórmula de reparto– tuvo como víctima principal a Maldonado, pero tampoco salieron bien parados otros gobiernos locales de izquierda.