Los primeros cien días de gobierno de la administración de izquierda en el departamento de Maldonado encuentran un escenario complejo, de gran enfrentamiento político pero también una serie de transformaciones históricas. El llamado a sala al Intendente Óscar de los Santos terminó sin consecuencias políticas, y la radical reestructura interna que está llevando la nueva administración sigue adelante.

Durante estos tres meses y medio, la crisis financiera heredada, el temporal del 23 de agosto y sus derivaciones económicas y políticas, y la reestructura en la carrera de los funcionarios municipales han hecho correr ríos de tinta en los medios de prensa departamentales y nacionales. Pero hay otros aspectos (la discusión del presupuesto quinquenal en asambleas populares realizadas en las diferentes ciudades del departamento, por ejemplo) que sin estar en un primer plano, van marcando muy claramente una filosofía diferente a la de los gobiernos que lo antecedieron.

Claro que no todo es color de rosa. Desde algunos sectores del partido de gobierno se escuchan quejas por la poca participación del conjunto de la fuerza política en la discusión de algunas importantes decisiones del ejecutivo comunal que luego toda la coalición debe apoyar. En ese sentido, las medidas anunciadas por la Intendencia para enfrentar los desastres producidos por el temporal del 23 de agosto, marcaron una inflexión en el relacionamiento interno de la fuerza gobernante. Las disconformidad con las medidas y con la forma en que se plantearon, lograron consolidar en la coalición un ala que mantiene una distancia crítica del oficialismo, liderada por el diputado Darío Pérez y su grupo e integrada además por el Partido Comunista y la lista 708. Pero si el “impuesto solidario” que el ejecutivo propuso y hoy duerme en una comisión de la Junta Departamental generó polémica a todo nivel, eso no fue nada comparado con la polvareda que actualmente está levantando la concreción de la más riesgosa de las promesas preelectorales de Óscar de los Santos: la reestructura de la intendencia.

LLAMADO A SALA. El enfrentamiento con los blancos sigue estando en niveles demasiado altos pero el intendente pintor todavía tiene ese viento a favor que tradicionalmente usufructúan los recién llegados. Consciente de esta situación, está llevando adelante la más complicada de las tareas, que es el reordenamiento de la carrera funcional municipal. Aunque en mayor o menor medida, tanto el sistema político como la sociedad en general reconocían que esto era impostergable, recortarle el sueldo a casi un millar de trabajadores es una tarea que no cualquiera se anima a enfrentar. La reforma es histórica y tiende a corregir radicalmente y en un lapso breve, 15 años de clientelismo, burocracia y desorden. Pero la manera en que lo está haciendo es lo que genera la crítica de los blancos y divide sus propias aguas. Desde el 1º de Octubre, más de 900 funcionarios han visto caer sus cargos y sus sueldos, lo que además del desánimo y los amagos de medidas de fuerza que hasta ahora no han pasado a mayores, ha generado innumerables complicaciones en el funcionamiento de la Intendencia, entre las cuales está la casi paralización de algunos sectores.

El Partido Nacional llamó a sala al Intendente para que explicara las medidas, algo que se concretó el viernes 14 de octubre. Como comprobaron los ediles blancos, no fue una buena idea. En principio, los llamados a sala de la Junta Departamental deben ser tomados con mucha cautela por el partido opositor, sea éste cual sea. La mayoría absoluta que por mandato constitucional posee la bancada oficialista y la conducción del debate desde la presidencia del cuerpo –es decir, el establecimiento de las reglas de juego-, hace que el gobierno tenga todo a su favor para salir bien parado. Pero además, la batalla dada por los blancos es seguramente la peor que podían haber elegido. Dos fueron los temas por los que llevaron al intendente a la Junta: la reestructura municipal y el porcentaje de recursos para Maldonado que aprobó el Congreso de Intendentes.  El primer punto fue el que concitó la atención pública. No sólo porque el tema afecta en forma directa a miles de personas –los municipales y sus familiares-, y es más fácil de comprender que el segundo,  sino porque además fue a una hora razonable de la noche, y se pudo seguir en directo por la radio.

SURREALISMO ADMINISTRATIVO. A pesar de que el encargado de la interpelación fue el nacionalista Fernando García, uno de los mejores ediles que tiene el cuerpo, el caos funcional que dejó de herencia la administración comunal anterior hizo que tanto el actual Intendente como el director de Hacienda tuvieran argumentos de sobra para enfrentar el debate. La larga descripción que hicieron los dos jerarcas de la situación que encontraron fue tan contundente que dejó en situación incómoda al partido interpelante, que a la vez era el responsable del desastre administrativo. Y a pesar de que el edil García insistió en que no iba a entrar en la polémica de rechazar las acusaciones (una tarea de todas maneras nada sencilla), y repitió varias veces que una injusticia no podía servir de excusa para cometer otra mayor, lo cierto es que al partido opositor no le resultaba creíble erigirse a esta altura como defensor de los derechos de los trabajadores.

A los pocos días de la interpelación, que finalizó, como era de esperar, con una resolución aprobada por el cuerpo donde se declaran las explicaciones “ampliamente satisfactorias”, BRECHA entrevistó a Roberto Pérez, director de Recursos Humanos y Administración de la Intendencia Municipal de Maldonado.

El jerarca explicó que en esta etapa han caído absolutamente todas las subrogaciones realizadas desde el año 2000, y los funcionarios han vuelto al cargo más bajo que tenían en esa fecha. Ahora se trata de volver a subir de grado a los que demuestren que tienen las condiciones, en un plazo que se estima durará unos dos meses. “En este momento se está preparando el material para que los funcionarios hagan las elecciones. Porque las evaluaciones las va a hacer un tribunal integrado por un representante de la administración, un representante de los trabajadores electo por voto secreto, un tercer miembro electo de común acuerdo por los dos anteriores, y finalmente un veedor de ADEOM. Por primera vez en la historia se está instrumentando un mecanismo de evaluación con participación directa de los trabajadores y con contralor del gremio” informó. En más de 10 años no se habían hecho evaluaciones de ningún tipo, lo que además de significar un desestímulo para los que cumplían bien, priva de elementos a la administración para adelantar camino.  “Estamos retrasados en lo que habíamos previsto, porque nos encontramos que el área de recursos humanos sólo existía en el título. Un funcionario que, por ejemplo, había hecho un curso de computación, para agregarlo a su legajo personal tenía que hacer un oficio, llevarlo a la dirección de Recursos Humanos, y allí el director decidía si lo ponía o no, con criterios absolutamente arbitrarios. De hecho, lo que sucedía entonces era que en los legajos lo único que existía eran los desméritos del funcionario, las sanciones. Ese fue un primer problema. El segundo, el desorden. Nos encontramos con que hay gente que figura en un lado, cobra en otro programa, registra horario en un tercer lugar y trabaja efectivamente en un cuarto. Ahí nos dimos cuenta que primero había que ordenar la cosa. Los funcionarios eran pasados de una dirección a otra diferente sin avisar a personal, no quedaba ninguna constancia, y por lo tanto figuraban en donde estaba originalmente. En función de eso nos pusimos a reordenar los padrones. Y tenemos centenares de funcionarios cumpliendo tareas fuera de su escalafón. La inmensa mayoría de ellos trabajando como administrativos, aunque habían entrado para el escalafón de servicio o de obras  A cada dirección general le enviamos un padrón con la gente que supuestamente trabaja en ese lugar, y le pedimos a los directores que tacharan los que no estaban ahí, y agregaran los que sí trabajaban pero no estaban en la planilla. Todavía tenemos más de 80 personas que no sabemos donde están” afirmó.

APOYOS Y CRITICAS. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), aunque con ciertas reservas en cuanto a la forma, respaldó las medidas. Lo contó a BRECHA el propio presidente del gremio, Néstor Rega: “En el sindicato recibimos todos los días compañeros que han sido perjudicados por la bajada de cargos. Pero acá le explicamos que lo que les dejó la administración anterior es un problema. Lo estamos diciendo hace años, desde que comenzaron a otorgarse subrogaciones a dedo y sin ningún criterio.  La mayoría de los trabajadores lo entiende, aunque por supuesto hay compañeros que ven exclusivamente su situación personal. Pero la mayoría entiende que si se continúa con seriedad el camino que hoy se ha tomado, el resultado va a ser una carrera digna, que lo que llegue a lograr lo logrará por concurso, por sus méritos, compitiendo como corresponde con otros trabajadores, y venga quien venga del pelo político que sea, no le va a poder tocar lo que limpiamente se ha ganado” afirmó.

Dentro del Frente Amplio, hay visiones críticas con la manera en que se realiza la reestructura. La bancada de Cabildo 1813, el sector de Darío Pérez, emitió un comunicado señalando que aunque apoyó la resolución del EP-FA-NM, no comparte el procedimiento adoptado por el ejecutivo ya que considera que el estudio caso por caso hubiera sido más conveniente a fin de evitar las injusticias y los problemas de funcionamiento. Esta posición es compartida por ADEOM y por mucha gente, que creen que el apuro en realidad está relacionado con la promesa realizada en la campaña electoral por Oscar de los Santos de realizar esta tarea dentro de los primeros cien días. “Tiene 5 años… ¿cual es el apuro?” preguntó a BRECHA un alto dirigente frenteamplista.  Sin embargo Roberto Pérez rechaza esta estrategia argumentando que en materia política hay momentos para hacer las cosas. “Lo que no hagas en los primeros meses no lo hacés después. Además esto era absolutamente necesario desde el punto de vista de los recursos. De los sesenta millones de dólares que entraron en el período pasado, 58 se fueron entre el rubro 0 y 1 (funcionamiento, sueldos y jornales). Esa relación entre ingresos y gastos es inviable para cualquier empresa. En tercer lugar, en la intendencia había una enorme desproporción entre los grados inferiores y superiores del escalafón: 1,8 peones por cada capataz, y 1,9 funcionarios administrativos por cada jefe. Así era imposible poder funcionar. Si no ponías en pie de igualdad a todos, si no bajabas a todos, no había manera. Es doloroso y no nos gusta, pero hay que arreglar  el desastre que dejó la administración en 15 años” señaló el jerarca.