Al cabo de cinco meses de gobierno, la administración frenteamplista de Maldonado va aprendiendo a gobernar, aunque a costa de varios tropezones. El resultado no es homogéneo: mientras en algunos aspectos la inexperiencia y la falta de cintura política derivan en errores políticos evitables, por otro lado se están procesando cambios profundamente renovadores.

Es un dato de la realidad que el gobierno está aislado, sin diálogo con los blancos, peleado con los colorados y con serios problemas en su interna; que la Intendencia no ha hecho a tiempo los preparativos para que Punta del Este esté en condiciones de atender a los turistas; que el llamado a licitación en determinados servicios ha sido desordenado; o que hasta ahora no se ha condenado a nadie por alguna de las situaciones de corrupción de las que tanto se habló en la campaña electoral. Pero hay que reconocer que varios de estos problemas pueden achacarse a la inexperiencia, y que algunos caminos que se han comenzado a recorrer (la reforma de la estructura municipal, la instauración de reglas claras de funcionamiento a todo nivel, y la experiencia de la elaboración del presupuesto con la participación de toda la sociedad, por poner algunos ejemplos) dejan en evidencia que se están concretando avances sustanciales. Se está democratizando el aparato municipal y promoviendo la participación de sectores sociales hasta ahora excluidos. Aunque se cometan errores, muchos de los cuales se podrían evitar si se abriera el juego y se apelara a gente con sobrada experiencia pero que no integra el círculo más estrecho del oficialismo.

DOS EJEMPLOS. El intendente Óscar de los Santos comenzó su gobierno cortando grueso. Al despido inmediato de jerarcas de confianza que los blancos intentaron dejar incrustados en el municipio como si fueran de carrera, le sumó la reducción de grado y de sueldo de casi ochocientos funcionarios sin distinción de pelo ni marca. Al principio pareció que la situación se salía de cauce: amenazas de huelgas, paralización de algunas áreas, y una sensación general de nerviosismo en los trabajadores municipales. Hoy, con las mesas de evaluación en funcionamiento, y la creación y aplicación de diversos mecanismos que garantizan los derechos y obligaciones de todos, la situación va adquiriendo normalidad. Una universidad española y la Oficina Nacional del Servicio Civil están asesorando a la Intendencia en la tarea de eliminar el clientelismo y transformar lo que era un gigantesco y caótico club político en una administración moderna. El proceso incluirá una reformulación de la estructura municipal: la eliminación de algunos escalafones, la subdivisión de otros y la simplificación de los grados. Solamente la utilización del sorteo y el concurso para el ingreso ya implica un cambio trascendente y es una garantía hacia el futuro. Para calibrar la importancia de esta última medida hay que tener en cuenta que alrededor del 80 por ciento de los funcionarios que integran la plantilla municipal ingresaron a dedo por recomendación de dirigentes blancos.
Otro de los puntos altos del nuevo gobierno es la forma en que se está elaborando el presupuesto quinquenal, la columna vertebral en la cual se apoya toda la gestión municipal. Hasta el momento se han realizado unas 30 asambleas en cada ciudad, pueblo y en la zona rural del departamento. Desde comisiones de barrio hasta la Liga de Fomento de Punta del Este, incluyendo a asociaciones de fomento de escuelas, centros caif, clubes deportivos o sociales, cooperativas de productores rurales o vecinos en forma individual, todos han tenido oportunidad de participar y expresar sus inquietudes.
Los directores municipales han discutido con ellos los problemas y están realizando sus presupuestos de acuerdo a lo que han recogido en las asambleas. Fue un camino en varias etapas, ya que primero se acopió información, luego hubo que explicar en cada lugar las posibilidades de la comuna, y actualmente se negocia y se afinan los detalles. Esta tercera ronda es la que está finalizando en estos días, y cuenta con la asistencia a las asambleas del propio intendente.

LOS PROBLEMAS. El flanco débil del gobierno municipal es su dureza en la negociación o, en muchos casos, la ausencia de negociación. La administración entró pisando fuerte y desde el primer día tomó decisiones de alto costo político sin que le temblara el pulso. El problema es su tendencia a hacerlo todo en soledad. La queja de varios sectores es que De los Santos no comparte su estrategia con el resto de la fuerza de gobierno, a la que comunica sus medidas para que sean apoyadas en la Junta Departamental pero no le da participación en su elaboración y discusión. Esto ha tenido dos consecuencias. En primer lugar, ha generado tensiones y rispideces permanentes en el seno de la bancada oficialista. En segundo término, esa manera de actuar no ayuda a que algunos ediles se comprometan a fondo con las posiciones del ejecutivo. Al cada vez mayor desencuentro de algunos ediles frenteamplistas con el ejecutivo, se suma el paulatino distanciamiento de otros que recientemente hicieron un proceso de ruptura con el sector del diputado Darío Pérez (Cabildo 1813), pero no encontraron en el oficialismo un interlocutor atento. El Partido Socialista, el mpp o los escindidos de Cabildo 1813 siguen levantando la mano por lealtad política cuando el gobierno lo solicita, pero sus quejas en las reuniones de bancada son repetidas y cada vez más amargas.
Un tema aparte es la inexperiencia de los propios ediles de la Alianza Progresista (ap), el sector del intendente y el más numeroso del oficialismo. Éstos fueron primero electos como candidatos en unas elecciones barriales realizadas por la 738 antes de los comicios de mayo. Se trató de un buen golpe de efecto publicitario, pero el resultado puso al frente a un grupo sin experiencia legislativa ni política. La ausencia en la Junta de los cuadros históricos de la ap, que están en la Intendencia, tiene entre otras consecuencias la ausencia de una figura que pueda hacerse cargo de la crucial tarea de articular discrepancias y negociar con sus colegas. Ese papel queda en manos de ediles que no se identifican en forma clara con el ejecutivo, lo que es un problema extra para De los Santos.
Fue incluso un legislador municipal de la ap quien le generó en forma gratuita un problema al gobierno. El edil Daniel Fernández realizó una exposición sobre Fructuoso Rivera en la media hora previa de la Junta que llevó a que el Partido Colorado se retirase de la Interpartidaria. El incidente surge en un momento en que la soledad del ejecutivo resulta preocupante. Lo de Fernández no fue una casualidad, ya que la tónica de la bancada de la Alianza Progresista ha sido la del enfrentamiento sin cuartel con la oposición. Una estrategia que para algunos dirigentes oficialistas no luce productiva cuando aún quedan más de cuatro años y medio de gobierno, y cuando para muchos temas no alcanza con los 16 votos de la bancada de gobierno.
Con una bancada opositora fuerte, unida y en contra, y la propia inmersa en conflictos en forma permanente, no es difícil prever que la Junta será un dolor de cabeza para De los Santos durante el resto de su administración. La reciente negativa de varios ediles frenteamplistas a votarle el “impuesto solidario” que la administración impulsaba para cubrir los gastos ocasionados por el temporal del 23 de agosto es el primer trancazo importante, y un aviso hacia el futuro.

Delamar: el complejo de la discordia

La construcción de un complejo edilicio se ha transformado en el problema político más grave con el que ha tenido que lidiar el intendente Óscar de los Santos.

La obra está ubicada en la cabecera del puente de La Barra, donde hasta hace poco estuvo la famosa discoteca La Morocha. Allí se está levantando el complejo edilicio Delamar. Su inicio ya generó polémica porque fue uno de los emprendimientos presentados el año pasado al amparo del decreto de “grandes proyectos”. Los empresarios impulsores solicitaron una excepción –ya que en esa zona la reglamentación no permitía ese tipo de construcciones– que la Intendencia de Enrique Antía aprobó y la mayoría blanca en la Junta votó. La bancada frenteamplista impugnó la resolución ante la Cámara de diputados, sin resultado alguno.
Sin embargo, a poco de asumir la nueva administración, los abogados de la comuna advirtieron que la aprobación en la Junta había sido irregular. Necesitaba un quórum de 21 votos y había sido votado solamente por 19 ediles. El expediente, jurídicamente hablando, era nulo. El intendente De los Santos derogó entonces las resoluciones anteriores, pasó el informe a la Junta para que estudie su legalidad, y resolvió que se detuviera la obra hasta tanto el deliberativo se expidiera.
Pero los empresarios continuaron con la obra, que, para completar el cuadro, a esa altura ya se había apartado considerablemente de los planos que la Junta había aprobado. El proyecto que se está construyendo ocupa más espacio, no respeta la visibilidad de los planos originales, y además incluye locales comerciales en una zona que no está habilitada para ello. En este momento ya están cerca del tercer piso.
Desde entonces, el tema se ha convertido en el centro de las desavenencias internas en el Frente Amplio. Mientras algunos sectores creen que es necesario detener las obras y dar una señal al mercado mostrando que ahora hay límites que se deben respetar, el Ejecutivo cree que si se paraliza la construcción se expone a la comuna a juicios millonarios y se daría una señal negativa al mercado, por lo cual quiere una solución rápida. Los empresarios, a su vez, presentaron un nuevo plano que corrige algunos de los problemas pero mantiene otros, como los locales comerciales. El Ejecutivo quiere que se apruebe, pero gran parte de la bancada frenteamplista cree que la única solución es un expediente nuevo para regularizar lo que ya se ha hecho, lo que lleva más tiempo y exige una nueva votación en la Junta.