De cifras y sensaciones térmicas
La inseguridad en Maldonado
Los problemas de seguridad pública en este departamento son vistos de manera muy distinta desde la oposición y desde el gobierno local frenteamplista. Mientras los blancos exigen medidas inmediatas, la izquierda apuesta a un modelo de cambio a largo plazo que pone a prueba la paciencia de la población.
La temporada 2005-2006 no será fácilmente olvidada en Punta del Este. La suma de tres factores negativos –el precio del dólar, el mal tiempo y el conflicto con Argentina– hizo que una cosecha que se esperaba brillante terminara siendo decepcionante. Sin embargo, lo que quedará para la historia no será el resultado económico (han habido temporadas mucho peores), sino el enfrentamiento con Argentina, que aquí se vive con especial preocupación: de ese país proviene el 80 por ciento de los extranjeros que visitan el balneario. Pero las peleas por las papeleras y los cortes de ruta han tenido aunque sea un efecto positivo, por lo menos para los empresarios turísticos. Ha desaparecido de los titulares de los diarios porteños lo que hace tan sólo 45 días se había transformado en la principal crítica de los argentinos hacia Punta del Este: los problemas en torno a la seguridad pública.
VISIONES. Los robos en plena península se han vuelto cotidianos. La Policía advierte sobre las puertas sin llave, los objetos en los autos, el mostrar dinero en público, aconsejando tomar el tipo de precauciones que los habitantes de las grandes urbes conocen de memoria, cuando precisamente escapando de eso es que vienen a veranear a Punta del Este.
En Maldonado, San Carlos o Pan de Azúcar, el tema no pasa por los arrebatos en las playas sino por las rapiñas, los hurtos a comercios y viviendas, los copamientos. Los robos de bicicletas y autorradios se han transformado en epidemia y contribuyen a calentar el ambiente. La jefa de Policía Graciela López, igual que los máximos responsables del Ministerio del Interior, asegura que no hay un aumento significativo sino una “sensación térmica”, provocada por el aumento de la violencia en la comisión de los delitos, y por la prensa. El anuncio realizado el martes 14 por el ministro interino del Interior Juan Faroppa, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento, de una caída del 17 por ciento en los hurtos en enero de 2006 respecto al mismo mes del año pasado en el departamento, parece dar razón a estas afirmaciones. Sin embargo, el diputado blanco Nelson Rodríguez (Correntada Wilsonista), miembro convocante de la reunión, duda de esas cifras. Los problemas de inseguridad en Maldonado, dijo el legislador a BRECHA, “no son una cuestión de números sino de realidades. No conseguimos que Faroppa asumiera la realidad que se está viviendo, siguió toda la reunión manejando el tema de las ‘sensaciones’. Necesitamos una política de corto plazo para solucionar este problema y devolverle la seguridad al ciudadano. Le hemos ofrecido al Ministerio del Interior los votos del Partido Nacional para crear los cargos que sean necesarios en las distintas jefaturas del país”, señaló el legislador por Maldonado. Rodríguez, quien ha pedido en más de una ocasión la renuncia de la jefa de Policía, llevó a la reunión con Faroppa informes sobre un aumento alarmante de la venta de armas de fuego en las armerías del departamento.
EMBRETADA. Lo cierto es que Graciela López no la tiene fácil. Además de estar al frente de un departamento de por sí complejo, donde los fenómenos de marginación extrema se dan a pocos metros de las mansiones más opulentas, debe lidiar con otro factor: la interna en su jefatura. Vale recordar que cuando asumió su cargo, López aseguró que sería muy dura con situaciones de corrupción dentro del instituto, y efectivamente se comenzaron a realizar varias investigaciones en esa dirección. Pero quien estaba a cargo de las pesquisas, un oficial que la jefa había traído de Montevideo para ocupar el cargo de subdirector de investigaciones, fue acusado de apropiarse de dos botellas de espumante en un procedimiento y separado del cargo. Todo fue muy sospechoso. Ni las botellas estaban denunciadas como robadas, ni los autores del hurto habían reconocido haber robado bebidas alcohólicas. La denuncia fue realizada vía telefónica varios días después del procedimiento. Luego de eso, no se habló más de casos de corrupción en el instituto.
Es un secreto a voces que López encuentra resistencia en la oficialidad, y si bien hay quien asegura que eso se debe a su condición de mujer en una institución machista, no está de más recordar que esta oficial viene con las manos limpias de Montevideo a un lugar donde en el pasado se denunciaron varios casos de connivencia entre policías, políticos y narcotraficantes. Aunque después de la muerte del zar de las drogas, Omar Clavijo, las cosas parecen haberse “tranquilizado”, esto sólo es una apariencia. El mercado local sigue siendo muy apetecible para las mafias del narcotráfico.
El departamento, además, tiene una conformación so-ciográfica particular: su población es predominantemente joven. Los datos de 2004 muestran que hay 46 mil habitantes menores de 22 años, y 75 mil de los 140 mil habitantes tienen menos de 34. Unos 4 mil jóvenes no estudian ni trabajan, y un importante porcentaje de ellos son víctimas de la exclusión social. Son quienes causan más dolores de cabeza a la justicia, y los jueces y fiscales del departamento ya han advertido que la pasta base está jugando un papel nefasto. El inau se ha visto desbordado de tal manera que hasta provocó el enojo de la justicia: una jueza citó a las máximas autoridades departamentales del organismo por la falta de atención a los menores adictos. Pero la mejor voluntad no alcanza para suplir las carencias de presupuesto y recursos humanos.
LARGO PLAZO. El diputado frenteamplista Pablo Pérez (Alianza Progresista), quien en los hechos se ha convertido en la voz defensora de la política del Ministerio del Interior en el departamento, aseguró a BRECHA que es consciente de la inseguridad existente, pero aporta otra visión sobre el tema. “No queremos decirle a la gente lo que antes se le decía, que aumentar las penas o la cantidad de cárceles da resultado, o que tener un policía que vigile a cada uno es la solución. Las soluciones son en profundidad, a largo plazo y en conjunto con la población, porque no hay ninguna medida impactante que tenga efectos duraderos”, indicó. Para Pérez, la Intendencia tiene mucho que ver en la conformación de una sociedad más segura. “¿Cuál es el objetivo primero del presupuesto del gobierno municipal? Las políticas sociales. No es casualidad que en Maldonado hayan aumentado tan significativamente los menores infractores. El diputado Rodríguez, director de Obras del ex intendente Enrique Antía, fue parte de un gobierno que excluyó a la población joven, los dejó anclados y sin perspectivas de trabajo”, señaló el legislador. La Policía debe actuar, admitió, “pero conjuntamente con la política de represión de la delincuencia hay que atacar las causas profundas. Esa es la aplicación de la línea nacional de seguridad pública que explicó el ministro en el Parlamento y que el diputado Rodríguez no entiende: políticas de convivencia social, lo que implica el control ciudadano de la seguridad pública, es decir que se verifique que la inversión dirigida a combatir la exclusión se aplique correctamente y que se inviertan realmente los recursos. Lo importante es evitar que caigan más menores en situaciones delictivas. La población de Maldonado es joven y el gran problema que tenemos es el del trabajo. Entre otras cosas, falta mano de obra calificada. El intendente ha realizado un convenio con UTU para calificar a los jóvenes en áreas que les permitan volcarse inmediatamente al mercado de trabajo. Esas son las políticas de seguridad ciudadana que darán más resultado”, concluyó Pérez.