CONCESIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MALDONADO
Un asunto poco claro
La Junta Departamental de Maldonado aprobará la creación de una comisión investigadora que indagará sobre el acuerdo que la Intendencia realizó con la empresa Satenil S.A. para la cesión de publicidad en espacios públicos. Después de las críticas del Partido Nacional, del impacto mediático del tema y de la creciente preocupación en la propia coalición de gobierno, era previsible que la mayoría frenteamplista habilitara la conformación de esta comisión.
La historia, brevemente, es la siguiente. A fines del año pasado, la Intendencia concedió en forma directa a Satenil, por el término de tres años, la explotación en exclusividad de toda la publicidad en cartelería en la vía pública. A cambio, la empresa se ocupará de la instalación y el mantenimiento del mobiliario urbano (resguardos en las paradas de ómnibus, carteles con el nombre de las calles, con la ubicación de las playas, etcétera) y se hará cargo de la refacción de la plaza de Punta del Este. El principal argumento del gobierno para realizar este acuerdo sin licitación ni llamado de precios fue la “urgencia” de resolver el tema ante la temporada que se avecinaba, y para ello se amparó en las posibilidades que ofrece la ley 17.555 (de reactivación económica), aprobada por el gobierno de Jorge Batlle en 2002.
Pero la Intendencia no contempló todas las condiciones requeridas para que la legislación pudiera aplicarse. La ley 17.555 establece un mecanismo muy preciso que en esta oportunidad no se cumplió. Esta norma es la que faculta a diferentes organismos del Estado (entre ellos las intendencias) a recibir iniciativas privadas “relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente (…) o de ser concesionadas de acuerdo con las normas constitucionales y legales en vigencia, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio”. Es la misma ley por la cual un grupo empresarial presentó al Poder Ejecutivo el polémico proyecto de puerto en Puntas del Chileno. Pero en este caso, los plazos establecidos en esta ley no se cumplieron, ni se hicieron los estudios de factibilidad allí exigidos. Y, lo más grave, se pasó por alto que la ley se refiere en todo momento a los “procedimientos competitivos” y no prevé en modo alguno la adjudicación directa. Tampoco se cumplen las condiciones del artículo 33 del TOCAF para declarar la urgencia –de hecho el plazo de tres años otorgado es contradictorio con esta circunstancia–, ni se toma en cuenta que la declaratoria la debe realizar el Tribunal de Cuentas y no la propia Intendencia.
Otro hecho llamativo es que aunque el municipio no acepta sociedades anónimas como oferentes en las licitaciones –un nuevo criterio cuyo objetivo es controlar quiénes están detrás las empresas–, ese principio fue dejado de lado precisamente en este caso. El monto de las obras que realizará Satenil asciende en los tres años a los 288 mil dólares, y la ganancia que puede obtener por contratos publicitarios, según la oposición blanca, es de millones de dólares.
Para complicar aun más el panorama, la comuna desconoció un preacuerdo que ya tenía firmado desde hacía unos meses con Hinoke sa, la empresa que venía prestando ese servicio. Esta firma, además de otras tres interesadas en el negocio que no tuvieron oportunidad de competir (a pesar de que comunicaron su interés a la administración), presentó sendos recursos de reposición ante la Intendencia. Si no hay marcha atrás de la comuna, el paso siguiente será en el ámbito judicial.
La rigidez de la concesión y la amplitud de sus privilegios hicieron que varios colectivos, desde el grupo Pro Centro de Maldonado hasta la Asociación de Canillitas, tuvieran choques con Satenil prácticamente desde el inicio. Ni siquiera el propio Festival de Cine, organizado por la Intendencia, pudo concretar sus planes originales de promoción ante la negativa de la empresa a permitir la presencia de espónsores en sus afiches. El monopolio es total.
A medida que los detalles del contrato fueron trascendiendo, varios directores municipales comenzaron a deslindar responsabilidades, y apuntaron sus dardos hacia la Dirección de Comunicaciones y su máximo jerarca, Eduardo Pérez Noguez, señalado por diferentes fuentes como el principal defensor e impulsor del acuerdo.
CRITERIOS Y CRITERIOS. La forma en que se realizó este convenio, incluyendo la inusual celeridad con que sorteó los pasos burocráticos, es contradictoria no solamente con las promesas de cristalinidad que el intendente Óscar de los Santos y el FA realizaron en la campaña electoral, sino con la propia estrategia que la comuna aplica en otras áreas. La Dirección de Higiene, responsable de la mayor parte de las concesiones (la recolección de residuos y los paradores de las playas, por poner dos ejemplos importantes), ha seguido una política muy estricta para darle cristalinidad a los procesos y asegurar la igualdad de oportunidades. Recursos Humanos, por su parte, está embarcada en la tarea de instaurar los concursos y los sorteos para que en esta área las normas tomen el lugar que hasta ahora ocupaban los dedos de los dirigentes políticos.
El secretario general de la comuna, Enrique Pérez Morad, anunció que el FA apoyará la comisión investigadora que piden los blancos, pero advirtió que también se investigará la manera en que se trataron estos temas durante la administración anterior: “Cuando el Partido Nacional venga por lana va a salir trasquilado”, aseguró. Es la misma estrategia de contraataque que el gobierno municipal utilizó con buen resultado en el caso del pago de las “horas ciudad” a la jefa de Policía Graciela López. Y si bien es cierto que en este departamento, luego de tres lustros de amiguismo y arbitrariedad, los blancos carecen de credibilidad para erigirse como censores, igualmente resulta dudosa la actitud de sacar de la manga una irregularidad anterior cada vez que la oposición denuncia algo en el actual gobierno.