La polémica por la adjudicación directa que la Intendencia de Maldonado realizara de la publicidad callejera ha derivado en una crisis política de proporciones en la interna local del partido de gobierno.

Al ejecutivo comunal no le está resultando fácil lidiar con las críticas de la oposición blanca, que luego de ocho meses de desconcierto y dificultades para pararse en la cancha ha encontrado por fin un tema concreto con el cual presentar batalla. Más aun cuando esta adjudicación directa, “legal pero desprolija”, según la expresión utilizada por el coordinador de la bancada oficialista Ruben Toledo, ha sido criticada en voz baja por casi toda la izquierda, aunque en forma pública la mayoría da su apoyo. El tema llegó a tal punto que el propio intendente decidió asistir el martes 7 a la Junta para explicar la posición del gobierno y anunciar su apoyo a la conformación de una comisión investigadora. Óscar de los Santos insistió en que el acuerdo está bien hecho, y que las críticas de los blancos son “mentiras” y una cortina de humo para sacar del centro de la escena el presupuesto participativo, pilar fundamental del proyecto progresista. El intendente adelantó que su gobierno piensa impulsar en el futuro un monopolio estatal en la publicidad estática y en la de los carteles en aviones, algo que sorprendió a todos y dejó planteadas muchas dudas tanto en el oficialismo como en la oposición.
Pero el asunto no terminó con la conformación de la comisión investigadora: el lunes 13 se presentaron por sorpresa en la Intendencia un contador y una escribana del Tribunal de Cuentas (TCR) para exigir información sobre el caso. El hecho podría haber sido bochornoso desde el punto de vista político, pero la imprudencia del diputado blanco Federico Casaretto (Correntada Wilsonista, PN), que anunció la visita dos días antes de que se concretara, le dio armas al gobierno para cuestionar la verdadera motivación de la medida. Desde el ejecutivo no se perdió tiempo en señalar lo sospechoso que resultaba que el TCR anunciara su visita a los dirigentes blancos de Maldonado y no a la propia administración. Y recordaron que la mayoría del directorio de ese organismo está en manos de los partidos tradicionales, sugiriendo intencionalidades políticas que, vistas las circunstancias, no parecen descabelladas.
Sin embargo, a esta altura lo que está generando más inquietud en filas frenteamplistas no es el problema de Satenil sino la situación en la interna de la fuerza de gobierno. La irrupción en escena del diputado Darío Pérez (Cabildo 1813), que anunció públicamente no sentirse parte del gobierno departamental, oficializó de alguna manera el enfrentamiento que las dos principales figuras de la izquierda departamental mantienen solapadamente desde la dura campaña electoral del año pasado. En realidad, en cada uno de los conflictos que ha vivido el gobierno en los ocho meses transcurridos desde su asunción, la verdadera oposición ha sido la interna. Desde el “impuesto solidario” que De los Santos quiso y no pudo aprobar (luego del temporal del 23 de agosto), pasando por la frustrada creación de las nuevas juntas locales, el caso del edificio Delamar en La Barra, y ahora la contratación directa de Satenil, siempre han sido los dirigentes que responden a Pérez quienes han obligado al ejecutivo a negociar, y los únicos que han logrado torcer el brazo al intendente en más de una ocasión.
PÉREZ VERSUS PÉREZ. En un programa de fm 105.3, Darío Pérez señaló que “llegó el momento de que la gente se entere de que quien representó a cerca de 20 mil personas y ayudó a que el Frente Amplio ganara en el departamento no es tenido en cuenta”. El legislador señaló que De los Santos no lo llama nunca, y que ni la Mesa Política ni la Agrupación de Gobierno ni el Plenario Departamental, por la gran cantidad de gente que nuclean, son espacios adecuados para la discusión. Se quejó además del maltrato que reciben sus ediles, y se lamentó de que el equipo que había armado durante cinco años para gobernar no hubiese sido tenido en cuenta. En cuanto al acuerdo con Satenil, para él es un mal negocio y advirtió que no estaba dispuesto a “barrer para abajo de la alfombra”. Y rechazó la estrategia del oficialismo de investigar lo actuado en el tema publicidad durante los anteriores gobiernos blancos: “Hay que separar los bagres de las tarariras”, señaló, y añadió que si la administración quiere investigar a los gobiernos anteriores debe votar otra comisión diferente.
Sus afirmaciones fueron contestadas –también en un tono de gran dureza– por el diputado de la Alianza Progresista Pablo Pérez. Éste señaló en voz alta lo que los críticos del diputado de Cabildo 1813 vienen repitiendo hace meses: “Una vez más, Darío Pérez se alinea con los blancos para atacar con la misma estrategia y sobre los mismos temas al gobierno de De los Santos. Estas manifestaciones me hacen dudar sobre su convicción frenteamplista. Su estilo de oposición, su desprendimiento de los organismos partidarios, ese desconocimiento de las mayorías en la interna, ese gritar afuera cuando se pierde adentro, está muy emparentado con lo que ha sido la historia del Partido Nacional (…). Darío Pérez nunca ha sido afín a los organismos de dirección del FA. No va a la Mesa Política, no va a los plenarios, ni a la bancada de ediles ni a la Agrupación de Gobierno. Quiere imponerle al gobierno departamental los ámbitos de discusión, desconociendo por no ser adecuados, según su parecer, los organismos partidarios frenteamplistas”, fue la réplica de un enojado Pablo Pérez (La República del Este, lunes 13).
INQUIETUD EN EL FA. En cuanto a las posiciones en la polémica por el contrato con Satenil, dirigentes de varios sectores frenteamplistas advirtieron a BRECHA que antes que nada se sienten parte integrante del gobierno y lo respaldan sin fisuras. Sin embargo, emepepistas y socialistas matizaron ese apoyo con una queja: les molesta que el gobierno les solicite que le saquen las castañas del fuego sin haber sido anteriormente consultados para definir las medidas cuestionadas. Por lo demás, si bien critican la forma en que fue hecho el acuerdo, rechazan tajantemente la posibilidad de que se haya actuado por intereses espurios.
La intervención de Darío Pérez parece haber producido un movimiento contrario a sus intereses, al obligar a sectores que tenían dudas sobre el asunto a definirse claramente por el apoyo al gobierno. Las coincidencias que en los últimos meses ha mostrado el diputado de San Carlos con sus colegas blancos Federico Casaretto y Nelson Rodríguez están comenzando a ser criticadas no solamente por dirigentes de la Alianza Progresista (que denuncian desde hace tiempo la existencia de una tal confabulación), sino incluso por sectores que apoyaron su candidatura en las últimas elecciones.
Es unánime, no obstante, la preocupación por las tensiones internas, cuyas consecuencias pueden ser impredecibles. Por lo pronto, el rechazo que está generando en el oficialismo la postura crítica del edil Gastón Pereira –la principal voz de Pérez en la Junta–, puede terminar en un nuevo conflicto: dos fuentes frenteamplistas revelaron a BRECHA que algunos sectores están evaluando la posibilidad de no apoyar a Pereira como próximo presidente de la Junta, como estaba previsto en un acuerdo realizado al principio de la legislatura. Si esto se concreta, el resultado puede llegar a ser una ruptura definitiva, que deje al partido de gobierno en minoría en la Junta. Un extremo que, naturalmente, genera pavor en el oficialismo.