La pelea entre el ex intendente blanco de Maldonado Enrique Antía y el actual, el frenteamplista Óscar de los Santos, tiene un nuevo capítulo en el juicio por difamación e injurias que el primero le realiza al segundo. La excusa son unas declaraciones que De los Santos realizara en Búsqueda el 22 de diciembre último: “Hay ex jerarcas que con el sueldo de la Intendencia se compraron una mansión de tres plantas con piscina y camionetas cuatro por cuatro. Yo no digo que sea ilícito, porque capaz que alguno se sacó un Cinco de Oro, pero lo cierto es que eso generó una sombra sobre el gobierno anterior”, señaló De los Santos en la nota. En realidad, estas expresiones no tienen la gravedad de algunas acusaciones que le fueran lanzadas anteriormente a Antía por otros actores, incluso algunos de su propio partido, sin que generaran reacción alguna del dirigente blanco, lo que demuestra el carácter esencialmente político del diferendo.
La respuesta del intendente de Maldonado ha sido anunciar públicamente que no piensa retractarse, y asegurar en privado, a quien lo quiera escuchar, que está dispuesto a perder su destartalado Chevette y su casita de San Carlos pero no a dar un solo paso atrás. Para completar el panorama, De los Santos eligió como sus abogados a prácticamente el mismo equipo que puso al frente de la Dirección Jurídico-Notarial de la Intendencia.
En el caso de delito por difamación e injurias se analiza si hubo voluntad de ofender, y no interesa si son ciertos los hechos: nuestro Código Penal expresamente no admite pruebas sobre la veracidad de lo que se dijo. Pero el artículo 336 permite varias excepciones a esta situación, entre ellas “cuando la persona ofendida fuere un funcionario público y los hechos o las cualidades que se le hubieren atribuido se refieran al ejercicio de sus funciones, y sean tales que puedan dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario contra él”, y “cuando fuere evidente que el autor de la publicación o emisión obró con el ánimo de difundir un hecho éticamente reprobable o cuando resultare notorio el interés de su conocimiento por la opinión pública”. En estos incisos del citado artículo se basa la estrategia de la defensa.
Lo primero que hicieron los abogados de De los Santos fue solicitar a la jueza que se diligencie el levantamiento del secreto bancario no sólo de Antía sino de varios ex jerarcas y ediles del período pasado de gobierno, y de todos sus cónyuges. También que se abran los sobres en poder de la Junta Anticorrupción que poseen la información del estado financiero y los bienes de estas mismas personas. Entre los nombres aportados están los del actual diputado Nelson Rodríguez, los ex directores generales de Higiene, Deportes, Planeamiento Urbano, y el ex prosecretario municipal. La jueza Graciela Gatti rechazó este pedido por lo menos en lo que tiene que ver con todos los ex jerarcas (“manifiestamente impertinente al versar sobre personas distintas del denunciante”, dijo la magistrada). En cuanto a las acciones referidas a Antía, y dado que se trata de un senador, le dio vista a la fiscal Olga Caraballo para que se exprese acerca de los fueros.
Los abogados de De los Santos presentaron inmediatamente un recurso de reposición y apelación en subsidio, señalando que el objeto del proceso –los dichos cuestionados– hace referencia no sólo a Antía sino también a su entorno. Para la defensa resulta por lo tanto procedente la investigación de las restantes personas. Y en cuanto a la cuestión de los fueros parlamentarios, señalan que éstos están previstos para evitar que los legisladores sean acusados penalmente pero no para que un senador presente una demanda, porque en este caso se configuraría una situación de desigualdad jurídica notoria. Este recurso fue presentado el viernes 24 y se está a la espera de la respuesta. Si el juez no acepta la reposición, entonces las objeciones irán al Tribunal de Apelaciones.