Propiedades municipales por valor de varios millones de dólares están desde hace décadas en manos de particulares o instituciones privadas sin que la comunidad obtenga ningún beneficio a cambio. La nueva administración decidió estudiar a fondo cada caso y empezar a tomar medidas para superar estas irregularidades.

Cuando el equipo frenteamplista asumió por primera vez en julio del año pasado el gobierno del departamento de Maldonado, se encontró con un panorama difícil: un déficit de 30 millones de dólares, un enorme y caótico aparato burocrático municipal (moneda de trueque principal de la interna del Partido Nacional) y una trama de intereses económicos perjudiciales para la comuna.
Pero una de las situaciones más preocupantes era la referida a las propiedades municipales en manos de particulares. De los 12 paradores permanentes en las playas, por ejemplo, sólo cinco tenían contrato. Varios estaban en estado de abandono y no pagaban el canon. En parques municipales como El Jagüel o el Parque Indígena, la IMM se encontró con gente viviendo en forma ilegal. Y de las decenas de propiedades en comodato otorgadas a clubes deportivos, asociaciones de vecinos o instituciones sociales, hay muchas en situaciones absolutamente irregulares. El valor de las propiedades usufructuadas por particulares en algunos casos rozan los millones de dólares, aunque no queda claro casi nunca cuál es el beneficio que obtiene la comunidad a cambio.

MÁS QUE GENEROSIDAD. Los bienes municipales se prestan sin costo a particulares cuando hay un interés social que lo justifique, y los comodatarios no pueden sacar un rédito económico de la propiedad, por lo que se prohíbe terminantemente la cesión, el arrendamiento o subarrendamiento. Pero este límite muy pocas veces se respeta en los hechos. Un caso que atestigua la displicencia con que anteriores administraciones manejaban estos bienes es el del parador de Playa Hermosa, a pocos quilómetros de Piriápolis, ubicado en un valioso terreno costero de más de cuatro hectáreas. El parador fue cedido al Club Social y Deportivo Playa Hermosa por el coronel Julio César Curutchet en 1980. En democracia se le prorrogó el comodato hasta el año 2000, y desde entonces está en situación irregular. Cuando la nueva administración comenzó una investigación descubrió que al frente del club estaban dos funcionarios policiales que organizaban bailes, los que informaron que el parador les había sido subarrendado por Gustavo Dupont, un empresario que tiene restaurantes en Punta del Este y Montevideo. La IMM dispuso entonces su devolución, pero cuando intentó reapropiarse del bien se encontró con una ex empleada de Dupont viviendo allí, que reclama además varios salarios impagos del empresario. A pesar del contrato vencido hace seis años, a pesar de la ausencia absoluta de beneficio para la comunidad, a pesar de los arriendos y subarriendos ilegales, la IMM debe ahora iniciar juicio de desalojo.
Pero este no es el único caso, ni por lejos el más escandaloso. El famoso Cantegril Country Club (CCC) también ocupa dos terrenos cedidos por el municipio bajo la modalidad de comodato precario (es decir, sin fecha y revocable): en el primero, de 19 hectáreas –destinado mayoritariamente a la práctica de deportes hípicos–, el Club Defensor de Maldonado tiene su sede y sus canchas (pero ningún papel que respalde esa ocupación) y otros particulares explotan algunas canchas de rugby; mientras que el segundo se ubican los aledaños del Club de Golf del CCC. El valor de todas esas propiedades es de varios millones de dólares.
El Rotary Club también tiene toda una manzana cedida en la Parada 10 y la avenida Roosevelt, frente al hipermercado Devoto, desde el año 1970. En este caso el comodato podría parecer justificado ya que no es, como en el caso del CCC, un club social privado, sino una institución que pretende dar servicios a la comunidad. Quedan dudas, de todas maneras, de si la tarea que efectivamente realiza esta institución justifica la entrega de una propiedad tan valiosa (más de un millón de dólares). Pero lo que sin dudas es polémico es que pese a que la IMM no autorizó al club a construir un quincho, éste lo haya hecho, y sobre todo que luego allí la institución subarriende locales comerciales.
Durante la administración pasada el buscador de tesoros Ruben Collado se presentó al municipio y solicitó el predio que está frente al Punta Shopping para levantar allí su Museo de los Naufragios. Se le otorgó por ese período de gobierno, bajo la condición de que las instalaciones desmontables –es decir, su estructura pero no su contenido– pasaran a manos municipales una vez vencido el plazo. Sin embargo, luego la propia Intendencia modificó el contrato y aceptó no recibir nada a cambio. Cuando asumió la nueva administración municipal, Collado pidió prorrogar el comodato y la comuna aceptó, pero ésta mantuvo la condición original de que la estructura quedara. Parece que Collado se enojó y anunció a toda la prensa local que se va de Maldonado porque aquí no se aprecia su trabajo y se le ponen trabas.

UN CASO INTERESANTE. En el año 1979 la IMM, intervenida por los militares, hizo un llamado a licitación pública para la construcción y explotación de un supermercado en avenida Chiberta y Parada 3 de Punta del Este. La zona era entonces bastante diferente de lo que es hoy día: el enorme terreno de enfrente (en donde tres lustros más tarde se instaló el hotel Conrad) era baldío, y el entorno era bastante pobre desde el punto de vista urbanístico. La licitación la ganó la empresa Maraluz sa, que construyó el supermercado Súper Uno que todavía sigue allí. El plazo original de la concesión fue de 15 años, y cuando ésta llegó a su fin, en 1994, ya en plena democracia, la Intendencia le concedió a la empresa una prórroga por dos años más. Sin embargo, en 1996 el predio no volvió a manos de la comuna, y la empresa lo siguió usufructuando durante seis años más con el contrato vencido sin que nadie la molestara. Hasta que en el año 2002 la irregularidad fue descubierta por los medios de prensa y la IMM (en ese momento encabezada por el nacionalista Enrique Antía) pidió a la Junta Departamental su anuencia para prorrogar el comodato por tres años. Pero el legislativo comunal, a pesar de tener mayoría blanca, rechazó el pedido y votó una prórroga de sólo cuatro meses más. El valor de esa zona había subido muchísimo por la construcción del Conrad y del bulevar Artigas, y el cambio general del entorno. La Junta decidió además realizar un llamado a concurso de ideas para definir un destino a dar a ese predio, ya que el pliego de la licitación y luego el contrato establecían que las instalaciones del supermercado pasarían a manos de la Intendencia cuando finalizara la concesión. Sin embargo, Antía ni vetó esta resolución ni la acató, y el caso pasó a ser objeto de una curiosa rutina: en los meses de setiembre u octubre, la empresa solicitaba nuevamente la prórroga, y la Junta volvía a negarla. El expediente volvía entonces a la IMM, y permanecía encajonado durante todo el verano, yendo de una oficina a la otra. Y luego, antes del reinicio de la temporada, en vez de cumplirse con la resolución, la IMM y la empresa volvían una vez más a reiniciar todo el proceso. En noviembre de 2004 el edil Juan Carlos Bayeto planteó en la Junta, ya casi con desesperación, que la situación significaba “una tomada de pelo récord a lo que es la Junta Departamental como cuerpo”. La nueva administración decidió hacer efectiva la resolución tomada hace años: llamó a concurso de ideas e inició el proceso judicial de desalojo para retomar la posesión de este valioso predio municipal.
Actualmente la IMM está haciendo un relevamiento de todas las propiedades cedidas para estudiar caso por caso y depurar el listado existente de bienes municipales. Y finalmente la Dirección Jurídica de la IMM está trabajando en un “registro negativo” de permisarios, listado similar al existente para proveedores que no cumplen (las empresas que no respetan los contratos con el municipio son incluidas en la nómina y luego no vuelven a ser contratadas), para penalizar de alguna forma a estos particulares.