Una de las cosas que se podría tomar como prueba para medir la democracia de una sociedad es el acceso que ésta tiene a la información de lo que ocurre en los ámbitos del estado. Casi todos los países reconocen en sus cartas magnas el derecho a la libre expresión del pensamiento, y por otro lado hay innumerables iniciativas para legislar sobre la privacidad y confidencialidad de los ciudadanos. Pero aquí saltan dos problemas. El primer problema se plantea cuando el legislador intenta hacer prevalecer el derecho de los individuos de proteger sus asuntos privados, sobre el derecho de los particulares de estar informados sobre asuntos de interés público, caso muy particular de los políticos, funcionarios o exfuncionarios públicos. Y el segundo, del cual se tratará esta nota, es del derecho del ciudadano y del periodista en particular a acceder a la información que maneja el gobierno.
En nuestro país, tanto a nivel del gobierno central, como de los organismos descentralizados o las intendencias, el manejo que se hace de la información por parte de funcionarios y gobernantes es enormemente restrictivo. Los datos que aparecen en la prensa son exclusivamente aquellos que los funcionarios tienen un interés particular en exponer. La reticencia a dar datos llega hasta las puertas mismas del parlamento, donde los pedidos de informes solicitados por los legisladores demoran meses en llegar, frecuentemente están incompletos incompletos o a veces simplemente no llegan.
El secretismo no es un mal privativo del gobierno: los partidos políticos, las empresas, las organizaciones sociales, todos tienen una tendencia a retacear a la opinión pública la información que no haya sido preparada por las oficinas o los responsables de prensa. Pero el problema es que el gobierno es quien administra nuestra sociedad, y la negativa a ofrecer transparencia en aquellas áreas en las que debería haberlo –el 99% del aparato del estado- tiene que ver con el miedo al control ciudadano de las acciones gubernamentales y a que la sociedad en su conjunto tenga una visión clara de la situación y la manera en que funcionan las cosas en la administración.
El caso Alsina
“¿Qué pasaría si mañana el Poder Ejecutivo decidiera hacer secreta la información sobre la inflación, sobre el déficit fiscal o sobre la desocupación?” Esta pregunta forma parte de la apelación que el periodista Andrés Alsina presentó luego que la Justicia respaldara la decisión del fiscal de Corte Oscar Peri Valdez de no entregarle un informe que había elaborado para el Poder Ejecutivo, a pesar de que legalmente no era reservado.
El tema tomó estado público y puso el debate sobre la mesa, ya que mostró claramente la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos y los periodistas en particular cuando se proponen conocer resoluciones del Estado, que en principio son públicas. Es la primera vez en Uruguay que un periodista presenta un recurso de amparo reclamando formalmente el acceso a información que no es secreta. El caso en concreto era la cobertura de la información respecto del primer pedido de prisión preventiva para tres militares y un policía hecha por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, en junio del año pasado, que el Poder Ejecutivo derivó en consulta al fiscal de Corte. El Ejecutivo finalmente respondió negativamente. Alsina, periodista de El Observador y corresponsal de Página 12, quiso conocer el informe del fiscal con los fundamentos jurídicos de esa decisión. Como se hace normalmente, llamó por teléfono al despacho del fiscal y pidió hablar con él. Según contó en una entrevista realizada en el programa “En Perspectiva”, no le atendió el teléfono una, dos, tres veces; “dejé mi teléfono, no me llamó. Le mandé una carta; no me contestó. Finalmente me harté. Esta no es nuevo en el periodismo nacional. Lamentablemente es una situación muy reiterada, por la cual uno no accede a la información que quiere, que es pública, no es reservada ni secreta. Entonces hablé con un abogado, con la gente de IELSUR, que me apoya, y presentamos un escrito pidiendo al fiscal que se pronuncie. Iniciamos un expediente.” Entonces sí vino la respuesta del fiscal: en esa respuesta señalaba que no podía darle la información porque había resuelto anteriormente, el 6 de marzo, que la única información que podía proporcionar respecto a aquellos expedientes que ingresan para asesoramiento al Poder Ejecutivo es su fecha de ingreso y egreso. Es decir que no puede dar la información por una resolución anterior suya, por sí y ante sí. Alsina entonces interpone un recurso de amparo que se presenta al Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Este falla en contra, se apela ante Tribunal de Apelaciones en lo Civil Nº 7, que –afortunadamente para la sociedad- el 10 de diciembre falla a favor del periodista. Pero es interesante observar que la jueza que falló en su contra en la instancia anterior, había aducido que se debería haber recorrido la vía administrativa para pedir el informe. La vía administrativa consiste en pedir a la autoridad la información. Ésta, por derecho de petición -artículo 30 de la Constitución- tiene 120 días para contesta, si no lo hace, quien la solicita tiene 60 días para apelar, interponer un recurso de revocación y jerarquía, por el cual la autoridad es invitada a revisar su decisión y la jerarquía de esa autoridad es invitada a dictaminar que se revise esa actuación. Si eso sucede, puede revisar su actuación y reafirmarla; si no sucede, se puede pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y allí comienza un trámite que lleva de uno a cinco años, y tiene un costo de entre U$S 2.000 y U$S 3.000. El paraíso de la burocracia.
El Habeas Data
Artículo 1º: Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser informados, y los medios de comunicación tienen la obligación de informarles de todo aquello que concierna gravemente a la Nación o pueda considerarse de importancia principal e interés general. Artículo 2º: Cualquier persona podrá solicitar a los organismos estatales o paraestatales, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los actos administrativos que hayan dictado y de los fundamentos que de ellos emanen, hayan sido éstos publicados o no. Estos dos artículos son los primeros de un proyecto de ley llamado “Habeas Data”, que duerme hace un par de años en el parlamento. Fue presentado en su momento por el diputado del EP-FA Daniel Díaz Maynard. Leyes como ésta funcionan en tres países latinoamericanos y en Estados Unidos, y uno de sus artículos estipula que “la reserva legal sobre cualquier documento publico, cesará a los veinte años de su expedicion. Cumplidos estos, el documento adquiere carácter historico, podra ser consultado por cualquier persona y la autoridad que este en su posesion adquiere obligacion de expedir a quien lo demande, copia autentica del mismo.” Es decir, no sólo saber que pasa, sinó también conocer que fue lo que pasó. Tiene que ver con la memoria histórica y con el derecho de tener una visión del pasado que vaya más allá de lo que quieran mostrarnos los funcionarios de turno.
Lo cierto es que nadie en el sistema político –incluyendo aquí a todos los lemas- ha demostrado mucho interés en que este proyecto se apruebe. Es comprensible que los blancos y colorados no lo tengan: han gobernado así siglo y pico sin problemas. Pero el proyecto de sociedad democrática del Encuentro Progresista – Frente Amplio tiene que tener una posición clara en este tema y mostrarla ahora: hay que evitar la tentación que tendrá más de uno, el día que la izquierda llegue al gobierno, de que todo siga igual.
Los motivos
Claro que para el status quo es imposible gobernar con transparencia, porque el sistema entero reposa en contradicciones, injusticias e hipocresías que no se pueden sacar a luz porque amenazarían su existencia misma. Me refiero, claro está a la existencia de ese entramado de poder político y económico.
Pongamos algún ejemplo: el presidente Batlle expresa en cuanto micrófono se le pone delante su preocupación por los gastos del estado mientras la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, que es un verdadero Ministerio de Economía en las sombras y donde nunca se sabe que pasa, desparrama escandalosos contratos de obra que suman millones de dólares entre parientes y amigos del poder. Un ejemplo más cercano: el intendente Antía –maestro de maestros en el arte de decir una cosa y hacer otra- sube impuestos y baja servicios quejándose de la crisis mientras la intendencia es una máquina de distribuir prebendas, cargos y negocios entre sus amigos políticos. No es solo que la opinión pública no tiene control sobre cómo, cuando y porqué suceden estas cosas, sino que de la mayoría ni siquiera se entera que suceden.
La clave del problema es entender que esto no está simplemente causado por el abuso de poder o de corrupción de algunos funcionarios; es que es una forma de hacer política enquistada en nuestra sociedad. Mientras los acuerdos políticos del poder sigan teniendo como base exclusiva de negociación la retribución económica ilegítima a cargo del dinero público, como ocurre en nuestro país y en forma agudísima en nuestro departamento, el sistema político gobernante tiene que mantener en una nebulosa el funcionamiento del aparato y evitar miradas indiscretas que pondrían en juego la existencia misma del proyecto político. Para eso es necesario cerrar todo el aparato del estado a la mirada pública; hacerlo una costumbre, algo normal, acostumbrar a los funcionarios, del primero al último, y sobre todo a la opinión pública, que la información es del gobierno y no de la gente.
Una vez más, hay que insistir en que el Encuentro Progresista – Frente Amplio debe ser claro e incorporar a su proyecto alternativo una propuesta democrática que revierta esta situación. Tiene que comprender que ese es el sentido último de la vieja consigna “el poder a la gente”. Democratizar la información obliga al gobierno a ser cuidadoso del contenido y de las formas, a estar siempre atento a cualquier desviación y responder rápidamente cuando ocurren. Si el triunfo de la izquierda logra estos cambios, no solo demostrará que su proyecto no es simple maquillaje, sinó que producirá cambios que no tendrán marcha atrás y que condicionarán en forma democrática y positiva los gobiernos que vengan en el futuro, sean del signo que sean.