El cruce de cartitas públicas entre el diputado frenteamplista por Maldonado Darío Pérez y el intendente de ese departamento Enrique Antía parecen ser, por lo menos ante la opinión pública, el nuevo campo de batalla donde se dirime la guerra -a esta altura algo tediosa- entre ambos. El diputado, que tiene la mayoría de los votos del Frente Amplio en el departamento y muy probablemente seguirá siendo la principal figura de esta fuerza política en el futuro próximo, hace ya años que ha encontrado una veta con resultados permanentes en la política de enfrentamiento total. En la entrevista que le realizara Carlos Peláez el martes 14 de octubre en su programa Cable a Tierra, Darío Pérez se mostró especialmente molesto por la acusación de Antía de que se pelea con todos. Pero lo cierto es que su trayectoria política ha estado signada por sus enfrentamientos –con Astori primero, luego con el resto del Frente Amplio de Maldonado, más tarde con su ex compañero de sector, el diputado Pérez Morad, en algunas circunstancias con el propio Tabaré Vázquez y por supuesto con el ingeniero Antía- y debe reconocer que no le ha ido nada mal por ese camino. En un Maldonado cada día más desesperanzado y empobrecido, los gritos de rebeldía atraen gente. Y el enfrentamiento en términos de extrema dureza del diputado frenteamplista con el gobierno de este departamento, gobierno que resume lo peor de los vicios del sistema político de este país, inevitablemente despierta simpatía.
La cuestión es qué consecuencias tiene para Maldonado esta guerra entre el dirigente más votado de la principal fuerza de oposición y el Intendente, y aunque estas escaramuzas parecen tener que ver más con cuestiones personales que ideológicas, en los hechos se enraban con el espinoso tema de los límites del enfrentamiento, el diálogo y la negociación entre el oficialismo y la oposición.
El Plan de Emergencia
Se ha dicho hasta el cansancio que los problemas del departamento son de tal magnitud, que es imposible enfrentarlos exitosamente sin el aporte de todos. En Maldonado, eso se ha transformado en una utopía bastante lejana. Los primeros años de la administración nacionalista mostraron un gobierno repitiendo los peores defectos de la administración anterior y agudizándolos hasta extremos desconocidos. Los casos de clientelismo, los acuerdos políticos pagados con cargos en la intendencia, las “desprolijidades” varias, pusieron pronto una barrera entre la administración y la casi totalidad del resto del espectro político. Pero cuando Antía, en abril de este año, sorprendentemente se muestra dispuesto a discutir el plan de emergencia presentado públicamente por la Alianza Progresista, la cuestión del diálogo y la negociación de golpe apareció sobre la mesa y generó un duro debate en la interna del FA. En el seno de las fuerzas de izquierda, la mayoría, encabezada por el diputado Darío Pérez y los sectores radicales, rechazaba cualquier tipo de negociación. Los argumentos no eran banales: el riesgo de dar una herramienta más al clientelismo blanco, el rechazo a dialogar con quienes tanto desde el ejecutivo comunal como desde la Junta Departamental se habían negado hasta entonces a respetar las mínimas reglas democráticas, y también –aunque esto no se decía en las reuniones- el convencimiento de que era una maniobra para abrir una brecha entre la Alianza Progresista y Cabildo 2000, enfrentando así las dos principales fuerzas del EP-FA. Pero la expectativa en Maldonado había empezado a crecer y la sociedad miraba con interés el primer intento de acuerdo en medio de la peor crisis que conociera el departamento. Decir simplemente no a la invitación hecha por la intendencia podía significar un duro revés político. Por lo tanto, en la discusión de la Mesa Política del FA, los opositores a la negociación lograron imponer como condición para participar, una lista de exigencias que se sabía serían imposibles de aceptar por el gobierno de Antía, creyendo que así se pasaba la responsabilidad al patio del vecino. La intendencia no se hizo problema: convocó a los colorados y al Partido Independiente y puso en marcha el plan con las modificaciones que creyó convenientes. La izquierda, luego de idas y venidas y de abandonar esas exigencias, finalmente se sumó a la comisión. Claro que a esa altura se había perdido la iniciativa política y el EP-FA quedó como furgón de cola cuando en realidad era el autor del proyecto.
¿Diálogo o resistencia?
El evidente fracaso de esta administración es el fracaso no sólo de ese 20% que lo votó, es de todos, porque sus consecuencias las sufre la sociedad entera. Pero este hecho hace aun más importante la necesidad del diálogo y de la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas.
Plantear que hasta que no se esté en el gobierno no se puede hacer nada para resolver los problemas de la gente (“esperar que pasen rápido estos dos años”, dice el diputado), no sólo es una tomadura de pelo para miles de votantes sino además una grave irresponsabilidad. La gente no puede esperar años, necesita de soluciones hoy mismo, y que se pelee cada cuestión palmo a palmo, discutiendo y cuando es necesario negociando y cediendo –así es la democracia-, y no adoptando posiciones principistas, intransigentes e inútiles, desperdiciando espacios de poder que no han sido regalados sino conquistados por década de luchas.
De hecho, al más alto nivel nacional el Encuentro Progresista-Frente Amplio está en una permanente negociación con el gobierno y los diferentes partidos políticos que no se interrumpe jamás, ni aún en los momentos de mayor tensión y enfrentamiento. Claro que no siempre se consigue lo ideal, y que muchas veces no se consigue nada en absoluto, pero en otras oportunidades la participación de la oposición logra resultados que constituyen avances y que sin ella no se hubieran logrado.
Hay que tener en cuenta además que el apoyo de algunos de los aliados de Darío Pérez en su actitud de intransigencia no tiene relación con los problemas de la administración de Antía. De hecho, tienen la misma actitud en Montevideo con el gobierno de Arana, el cual si bien tiene algunos aspectos criticables y hasta preocupantes, en el balance general es innegable que lleva adelante un proyecto progresista bien diferente al del Partido Nacional en Maldonado. Los radicales están en contra del diálogo porque su concepción política es una película hecha de virtudes guerreras, de enfrentamiento heroico, coraje y temeridad. Desprecian la paciente búsqueda de la mediación, la negociación, todo aquello que es necesario hacer en la resolución de los diferentes intereses de la sociedad y que en definitiva constituye la esencia de la democracia, en la cual es imprescindible la práctica del compromiso.
Es cierto, el oficialismo en Maldonado ha llegado a extremos lamentables, y su bancada en la Junta Departamental ha convertido la política en un vale todo. La violación permanente del reglamento, la mala costumbre de dejar sin quórum una y otra vez la Junta y mil chicanas más, no sólo aumenta el desprestigio de la propia bancada nacionalista (también, por lejos, la peor desde la reinstauración democrática) y de la institución, sino que hace especialmente difícil el trabajo en ese ámbito. Pero la dialéctica enfrentamiento/negociación no puede abandonarse porque la primera responsabilidad es con los ciudadanos.
Las últimas encuestas del departamento revelan que el fracaso de la administración de Antía tiene su consecuencia en intenciones de voto. El 41% del EP-FA más el Nuevo Espacio frente al 17% del Partido Nacional muestran hasta que punto es probable el triunfo de la coalición de izquierdas en las próximas elecciones municipales. Si esto se confirma, será responsabilidad del Encuentro Progresista apelar a toda la sociedad para construir un Maldonado diferente. La cuestión es qué eco tendrá si el ejemplo que ha dado hasta ese momento ha sido el de intransigencia pura y dura.
También puede optar por el aislamiento total y cortarse por la suya. Pero eso sería un antiismo sin Antía. ¿Valdrá la pena haber luchado tantos años para tener un cambio de nombres en vez de un cambio de modelo?