Me gustaría comenzar con un tema en particular. El tema de las dificultades que tenemos los periodistas para acceder a la información del estado.
El control ciudadano del estado a través de los medios, el acceso a la información hasta ahora manejada discrecionalmente sin razón ninguna por jerarcas, son medidas que a ningún gobierno le gusta tomar porque a los gobernantes no les gusta que nadie los vigile.
En nuestro país, tanto a nivel del gobierno central como de las intendencias, el manejo que se hace de la información por parte de funcionarios y gobernantes es enormemente restrictivo. Los datos que aparecen en la prensa en general son exclusivamente aquellos que los funcionarios tienen un interés particular en exponer. El secretismo no es un mal exclusivo del gobierno: los partidos políticos, las empresas, las organizaciones sociales, todos tienen una tendencia a esconder la información que no haya sido preparada por sus oficinas de prensa. Que los clubes de fútbol hagan esto puede ser criticable, pero cuando quien lo hace es el gobierno, que es quien administra nuestra sociedad, ahí tiene que preocuparnos de verdad, porque la negativa a ofrecer transparencia en aquellas áreas en las que debería haber, tiene que ver con el miedo al control ciudadano de las acciones gubernamentales y el miedo a que la sociedad en su conjunto tenga una visión clara de la situación y de la manera en que funcionan las cosas en la administración. Me gusta mucho una expresión de Alvaro Cunhal, que hablaba con respecto a este tema pero referido al Partido Comunista de Portugal del cual era secretario general, y hablaba de un “Partido con Paredes de Cristal”. El estado, debería ser también un estado con paredes de cristal, donde todos pudieramos ver claramente más allá de las paredes de nuestra habitación.
Hace dos o tres años, se generó una polémica cuando el fiscal de corte Peri Valdez decidió no entregarle un informe a un periodista a pesar de que es informe legalmente no era reservado.
El caso en concreto era la información sobre un pedido de prisión preventiva para tres militares y un policía hecha por un juez argentino; que el Poder Ejecutivo derivó en consulta al fiscal de Corte. Andrés Alsina, periodista de El Observador y corresponsal de Página 12, quiso conocer el informe del fiscal con los fundamentos jurídicos de su posición. Como se hace normalmente, llamó por teléfono al despacho del fiscal y pidió hablar con él. Según contó después, Peri Valdez no le atendió el teléfono una, dos, tres veces, le dejó su teléfono, no le llamó. Le mandó una carta; no le contestó. Entonces hizo una cosa muy interesante. Habló con un abogado, y presentaron un escrito pidiendo al fiscal que se pronuncie. Entonces sí vino la respuesta del fiscal: en esa respuesta señalaba que no podía darle la información porque había resuelto anteriormente, que la única información que podía proporcionar de los expedientes que envía el Poder Ejecutivo para su asesoramiento era las fechas de ingreso y egreso. Es decir que no puede dar la información por una resolución anterior suya, por sí y ante sí. Esto es pan de todos los días para los periodistas. No ya el fiscal de corte, sino cualquier funcionario se cree dueño de la información. Preguntaba Alsina… ¿qué pasa si mañana el poder ejecutivo decide que los datos sobre la inflació, o el desempleo, son secretos? Nadie puede hacer nada porque no hay nada que le prohiba hacerlo.
Esta situación debe ser cambiada. Los periodistas estamos reclamando hace tiempo la promulgación de la Ley de Habeas Data, una ley que garantiza el derecho a la información de los ciudadanos y de los periodistas, que ya funciona en tres países de América Latina y en Estados Unidos. Esto está previsto en el punto 5 de la propuesta de medidas de gobierno, pero la verdad es que hay un proyecto de Habeas Data, presentado por el diputado del EP-FA Daniel Díaz Maynard, que duerme hace un par de años en el parlamento. Y lo cierto es que nadie en el sistema político –ni siquiera la izquierda- ha demostrado mucho interés en que este proyecto se apruebe. Es comprensible que los blancos y colorados no lo tengan: han gobernado así siglo y pico sin problemas. Pero si el Encuentro Progresista está comprometido de verdad con un proyecto de sociedad democrática va a tener que demostrar más entusiasmo en la aprobación de esta ley de lo que demostró en los últimos años.
Vayamos ahora a lo que pasa en nuestro departamento.
Maldonado comparte los problemas generales de las malas políticas comunicacionales que se han aplicado en este país, pero estos problemas tienen sus propias y específicas particularidades, diferentes a lo que sucede en Montevideo y en el resto del país.
Haciendo un rápido relevamiento, podemos decir que aquí hay pocos medios de prensa escritos. Hay un solo diario que hace una cobertura informativa en serio, que es Diario Correo de Punta del Este y hay tres o cuatro semanarios. Hay un número exagerado de radios para lo que es la población del departamento, tres AM y 19 FM, tres canales de televisión abierta , y según la URSEC, cinco operadores de cable. Es decir, muy poca prensa escrita y demasiadas radios.
Los medios escritos son muy difíciles de mantener ya que los costos son muy altos, y a causa de la crisis económica, la venta de ejemplares de toda la prensa escritas, en Maldonado igual que en el resto del país, es muy baja. Una cosa es prender la radio y otra muy diferente sacar 20 o 30 del bolsillo para comprar algo que ni es de primera necesidad –es de primera necesidad democrática pero primero hay que comer- ni le dura más que unas horas. Y esto hace que también sea muy difícil la otra fuente de financiación, la venta de publicidad, porque a cualquier empresario le resulta mucho más redituable poner un aviso en radio y en televisión, por la ecuación precio/cobertura. Eso hace que los medios escritos aparezcan y desaparezcan a los pocos números. Por eso, lo del Correo de Punta del Este es una hazaña que tiene que destacarse.
En cuanto a las radios, la década de los noventa fue la de la fiesta del reparto de ondas. La escandalosa repartija que se ha hecho en este departamento en los últimos años ha tenido graves consecuencias desde muchos aspectos. La mayoría de estas 19 nuevas FM, fueron concedidas por caminos que van desde el favor político al correligionario (que se cobra con lealtad política) hasta la autoconcesión más o menos encubierta por algun dirigente partidario, un fenómeno muy conocido en este departamento. Maldonado, también en esto, es un mundo aparte. Como consecuencia, aquí hemos visto de todo. Radios que se alquilan a emisoras argentinas y retrasmiten directamente de allí, frecuencias adjudicadas para Pan de Azúcar y Pirlápolis pero sus permisarios las instalan en Punta del Este y Maldonado o Manantiales, emisoras que no tienen ni estudios ni oficinas como marca la ley, hay emisoras que son adjudicadas y a los pocos meses, se venden como si fuera propiedad particular y no una concesión del estado, hay radios que sin respetar la potencia que tienen permitidas suben la perillita de la potencia cuando les interesa y tapan a sus colegas sin que nadie haga nada…. El descontrol llega a todos los campos: hay radios muy importantes que han prohibido pasar música uruguaya. A ver si se entiende: no sólo no promueven la cultura nacional como les exige la ley, sino que la prohiben. El sueño de muchos es conseguir una emisora para alquilárseo por el verano a los argentinos y así hacerse la temporada.
Es cierto que también esta profusión de frecuencias abrió un poco el campo y que las famosas leyes del mercado hicieron que en los últimos años aparecieran en algunas propuestas interesantes y que han salido de los moldes habituales para dar un tratamiento más plural de la información. Pero lo cierto es que el origen de esas radios inevitablemente deja planteadas muchas dudas sobre cuales son sus límites, cual es su real independencia, y por eso, la gente y gran parte del sistema político los vé con suspicacia. Vuelvo a recordar que son medios recientemente adjudicados a dedo, por dirigentes políticos que todavía están el poder. Y el dedazo, lo sabemos todos, nunca es gratis.
Como consecuencia de esta situación, hay, además un déficit democrático porque los medios radiales, más allá de excepciones valiosas pero excepciones, en su gran mayoría no reflejan la pluralidad que existe en la nuestra sociedad. A pesar de que en las ciudades más pobladas del departamento la izquierda es mayoría, no hay un solo programa de radio cuyo perfil sea claramente opositor, algo que debería ser absolutamente normal. Sí abundan, en cambio, los programas con periodistas muy amigos del oficialismo.
Y otra consecuencia de esta situación, que muestra además hasta que punto se repartieron radios como si fueran caramelos, sin estudios de ningún tipo y en base a un interés puramente político, es que a las mayoría de las radios se les hace muy difícil sobrevivir economicamente, porque es un mercado demasiado pequeño para la cantidad de frecuencias adjudicadas. Entonces a los problemas ya mencionados se les agrega la inviabilidad económica de las empresas.
¿Qué se puede hacer? Creo que es evidente que no es posible revocar las adjudicaciones, porque aunque en origen tengan todos los vicios habidos y por haber, con el paso del tiempo de han ido generando situaciones de hecho que ya es muy difícil revertir sin perjudicar no sólo a los propietarios de los medios sino a mucha gente, incluyendo a los propios trabajadores de estos medios. Hasta que las concesiones cumplan los plazos establecidos por la ley, hay algunas medidas que pueden ayudar a darle normalidad democrática a esta situación. Y la primera es una muy sencilla: hay que hacer cumplir a rajatabla las reglamentaciones. Hay que ordenar el espacio radiofónico para que cada uno ocupe el lugar geográfico y la potencia que le corresponde, exigirle las oficinas y estudios correspondientes, hay retirarle el permiso a quien no hace uso de él en el tiempo que marca la ley, hay que sancionar a quienes incumplen las normas técnicas que son garantías para todos.. Y hay otras medidas que hay que legislar y que son evidentes: como la prohibición de la venta y el alquiler de frecuencias (que no son de los permisarios sino del estado), hay que impedir, –fundamental para cualquier democracia- los monopolios en esta área, uno de los grandes problemas también aquí, en este departamento. Y cuando además los diferentes organismos del estado adjudiquen la publicidad de una manera eficiente y democrática, y se corte ese nudo gordiano que es el reparto de publicidad con criterios de interés partidario, entonces el espacio radiofónico se comenzará a ordenar solo. Y sin duda que desaparecerán algunas radios, porque cuando pasen a regirse por las leyes del mercado, sin padrinos que les consigan avisos y sin posibilidades de alquilarle la radio a Tinelli, entonces a muchos les va a dejar de interesar el negocio, van a bajar la cortina y se van a ir.
Y para democratizar el espacio radiofónico, sin duda que es absolutamente necesario la legalización de las radios comunitarias, que en este departamento tienen un papel muy importante que cumplir, precisamente por esos problemas particulares que acabo de nombrar. Aunque me parece positiva la creación de una radio municipal, creo que es mucho más importante el fortalecimiento de las radios comunitarias, porque va a ser mucho más efectivo a la hora de darle pluralidad en serio al espacio radiofónico, y no estoy hablando de pluralismo político sino en su acepción más amplia. Tienen que tener su protección legal, tienen que tener su propia reglamentación para que tampoco se cuelen por ese camino intereses comerciales que desvirtúen el espíritu de las radios comunitarias, que no deben tener fines de lucro. Pero tienen, repito, un papel muy importante para cumplir en este departamento, y la intendencia tiene que tenerlas en cuenta a la hora de elegir medios para pautar su publicidad
Finalmente, hablemos de lo que esperamos de la relación de la Intendencia con los medios de prensa. Hace poco más de mes y medio tuve una mini polémica con el Director de Comunicaciones Daniel Esquibel en la cual ya plantee algunos de los temas que me preocupan y esta es una buena oportunidad para profundizar un poco más.
Lo cierto es que los últimos diez años han sido negros para la prensa departamental. La prensa ha tenido que vivir las presiones sobre los periodistas, las amenazas, la adjudicación de avisos según criterios partidarios, la captación de periodistas a través de algún cargo en la Intendencia o del soborno simple y llano. En esta misma mesa hay un periodista –Marcelo Gallardo- que fue despedido de un canal por presiones municipales. No es el único. Conozco varios a los que les ha pasado eso. Y no son casos aislados, es una política establecida en ese sentido. En enero del 2000, el matutino La República reveló el contenido de una grabación registrada tiempo atrás en la cual jerarcas municipales, ediles y dirigentes políticos oficialistas se reunieron para elaborar estrategias de presión a la prensa y en la cual informaban de sobornos a periodistas.
La política de gastos en avisos y en publicidad de la Intendencia ha sido escandalosa. En la década del 90, la intendencia gastó trescientos mil dólares en publicidad en varios números de una revista casi desconocida, de la cual ni siquiera se sabía cual era el tiraje. En 1994 se adjudicó en forma directa a la imprenta de un diario capitalino, un libro sobre la obra municipal cuyo costo fue de 80.000 dólares. Entre 1991 y junio de 1994, un diario de cuatro páginas que se editaba una sola vez a la semana en Maldonado, que tenía un tiraje muy pequeño y ni siquiera se vendía en kioscos y salones recibió más dinero que el matutino El País; el doble que La República; más que los tres canales de televisión sumados y más que lo adjudicado en total a las tres radios de AM del departamento. El dueño de ese diario, una persona que poco tiempo antes había sido procesado con prisión por haber intentado sobornar a dos ediles, consiguió incluso hacer un canje fantástico con la Intendencia. Pagó con publicidad de su diariito, doce años (si, doce años) de deuda de contribución inmobiliaria.
Pido disculpas a todos si los cansé con todas estas historias, pero era importante traerlas a colación para que se vea que realmente, por lo menos en esta área, nuestro departamento merece tener el título oficial de república bananera de primera categoría con medalla de honor.
La actual administración debería tener una concepción más moderna, tiene una oficina en la cual hay muy buenos profesionales del tema, gente que conoce el mundo de la publicidad, del periodismo y de la comunicación en general. Sin embargo, este año hemos visto que por encima de criterios técnicos siempre se imponen los actos de interés electoral, el amiguismo, el bloqueo a los medios y periodistas departamentales de oposición, que terminan tirando a la basura el trabajo de quienes quieren hacer otra cosa.
Y hay que decir que fue bajo esta administración que altos jerarcas municipales presionaron durante meses al diario El País para que despidieran a su corresponsal Mónica Robaina, una excelente periodista que para colmo creo que ni siquiera es del Frente Amplio, trabajé con ella y nunca supe a quien votaba, pero cuyo papel como periodista independiente sacaba de quicio a esta administración. Lograron que la despidieran, y una de las mejores periodistas del departamento, por formación y por experiencia, hoy está sin trabajo.
Es bajo esta administración que ocurrió el caso de Láser FM y Carlos Pelaez. Ni la radio ni el periodista recibían un peso de la comuna a pesar de tener uno de los programas más escuchados. Cuando la radio se vende, Peláez se tiene que ir y queda al frente de la radio un dirigente político oficialista, esa radio pasa a ser una de las que recibe más dinero de la intendencia. El problema es que la política de comunicaciones, como la de las otras áreas en esta administración, no es una isla. Responde a la misma orientación que sigue la administración, y en este departamento donde la estructura del partido de gobierno ha terminado confundiendose con las estructuras municipales, el clientelismo es inevitable. Claro que en el área de la política de comunicaciones es más grave porque acá no estamos hablando de repartir bolsas de Pórtland sino de algo que es clave para la democracia, los medios de comunicación que son los que forman la opinión de la gente y que son los controlan al ejecutivo a veces mucho más eficazmente que la Junta Departamental y que el propio Poder Judicial.
No quiero terminar sin decir que los dirigentes de izquierda tienen la obligación de reflexionar mucho sobre este tema, porque su actitud hacia la prensa tampoco ha sido la mejor. Los periodistas no somos sus enemigos, trabajemos donde trabajemos, y los periodistas que somos de izquierda no tenemos obligaciones con la revolución sino con el público. La disciplina partidaria y el trabajo periodístico son conceptos opuestos.
La experiencia del caso Areán, en la Intendencia de Montevideo, la reacción de Arana y de gran parte del Encuentro Progresista demuestra que más allá del discurso, también en la izquierda hay una tendencia antidemocrática a enojarse con la prensa cuando se les muestra la mugre debajo de la alfombra. Para muchos todo está bien si criticamos a Sanguinetti, pero si miramos para la izquierda somos traidores o le hacemos el juego a la derecha. Lo preocupante del caso Arean no es el tema puntual de la corrupción, lo preocupante es la forma en que reaccionó el intendente y gran parte de los dirigentes. El concepto de que no se debe criticar a la izquierda para no ponerle trabas a su avance es profundamente antidemocrático y promueve la deshonestidad como estrategia profesional.
¿Qué es lo que espero de un gobierno progresista en la Intendencia? Que termine con esta situación. Que nos saque de la isla bananera y nos ponga en el primer mundo, si no económico, por lo menos en cuanto a la legalidad y en el respeto a las reglas de juego democráticas. Que tenga una relación respetuosa con los medios de prensa, que termine con las políticas de despilfarro y de subsidio a quienes son más sumisos. Que establezca mecanismos de transparencia y control en el reparto de publicidad. Como le decía a Esquibel en la carta, el reparto de publicidad según criterios de amiguismo no solamente es inmoral y profundamente antidemocrático sino ineficiente para la tarea que se quiere realizar. Ya ni siquiera es un problema de democracia: hasta para la lógica liberal, para la lógica del mercado, el amiguismo es un problema porque es caro e ineficiente.
¿Qué es lo que espero de un gobierno progresista en democracia? Que el premio del año 2001 de Uruguay Transparente por su lucha contra la corrupción, el Sr. Carlos Peláez, el mejor periodista de Maldonado, pueda trabajar en un medio de prensa departamental sin que eso signifique que automáticamente ese medio se queda sin publicidad de la intendencia.
Quiero una situación de normalidad democrática, donde la prensa ocupe el lugar que le corresponde, sea respetada, se respete a sí misma.