Al terremoto electoral que se anuncia para el 31 de octubre posiblemente se agreguen siete meses después otros sismos en algunos departamentos del Interior, donde las encuestas pronostican el triunfo de la izquierda. Pero en Maldonado, si esto se cumple, no será fácil enderezar lo que tres lustros de gobiernos blancos se han encargado de dejar bien torcido.
A nivel de dirigentes de la izquierda de Maldonado se percibe una fuerte preocupación por la situación que encontrará la nueva administración al asumir el gobierno. La falta de información y las contradicciones oficiales en torno a puntos tan clave como las finanzas municipales, o tan elementales como el número de funcionarios, auguran más de una sorpresa desagradable para el próximo intendente.
Para entender lo resbaladizo que puede ser manejarse con la información que proporciona la propia Intendencia, basta con un ejemplo no tan lejano. En la campaña electoral de 2000, cuando la oposición anunció que tenía información sobre un déficit muy importante en las finanzas municipales, el director de Hacienda de la comuna, Nuble Guadalupe, hombre del actual intendente Enrique Antía, salió a la prensa a negarlo y acusó a la izquierda de alarmar a la gente para cosechar votos. Apenas dos años después, Antía envió a la Junta Departamental un pedido de autorización para solicitar un préstamo bancario de 11 millones de dólares ante la perspectiva de no poder hacer frente al pago de jornales y salarios. Su director de Hacienda seguía siendo Guadalupe.
Pero al margen de las situaciones que permanecen ocultas, hay algunos grandes temas que están a la vista y desde ya prometen generar fuertes jaquecas a quienes aspiran a gobernar el departamento.
MAL JUICIO. Según la respuesta a un pedido de informes, la Intendencia cuenta con 14 profesionales de derecho, entre escribanos y abogados. Es extraño que con semejante equipo tenga la necesidad constante de contratar en forma externa profesionales a un altísimo costo, y que encima pierda los juicios. Son varios los procesos judiciales que ha tenido que afrontar, algunos con resultados contrarios a la comuna -como el juicio por la concesión de la basura, que costó un millón de dólares-, y otros quedarán para que los resuelva el próximo gobierno, como el que entabló el sindicato de los guardavidas por otra concesión mal realizada.
Pero el juicio sin duda más importante que enfrentará la próxima administración, capaz de desestabilizar todo el período, es el de los propios funcionarios contra la Intendencia. Todo comenzó en agosto de 2002, cuando Antía se enfrentó a la realidad del citado desfinanciamiento. Para hacer frente a la situación cortó por !o más fino y pidió a la Junta permiso para rebajar el sueldo a los funcionarios, esgrimiendo la amenaza de despedir a 800 personas mediante la modalidad de la no renovación de contratos (más de la mitad de los funcionarios están en calidad de contratados). Luego de aplicada la rebaja, los trabajadores comenzaron los juicios, que son individuales pero están promovidos por ADEOM, y que según fuentes consultadas por BRECHA tienen una muy alta probabilidad de éxito. Los casi ochocientos demandantes están patrocinados por el doctor Gustavo Martínez Guerra y el constitucionalista Horacio Casinelli Muñoz.
Como explicó el dirigente municipal Néstor Rega, “una rebaja de sueldo sin rebaja de carga horaria es un despido indirecto. La rebaja fue de hasta un 20 por ciento, pero si se agregan la caída de una serie de beneficios y otras pérdidas salariales, la rebaja alcanza a un 40por ciento “. El funcionario explicó que si la Intendencia tuviera que devolver simplemente lo que se les quitó a los trabajadores desde agosto de 2002, la erogación alcanzaría a unos 20 millones de dólares, tras lo cual se activarían otros pleitos por daños y perjuicios, que podrían redundar en otros 10 millones de pérdida para el municipio, cuya recaudación anual asciende a 40 millones de dólares, razón por la cual sus finanzas pueden quedar seriamente comprometidas ara todo el período de gobierno.

EMERGENCIA SOCIAL. Desde hace ya varios lustros la Intendencia de Maldonado está aportando recursos para cubrir necesidades que el gobierno central descuida. El municipio tiene hoy un papel muy importante en el mantenimiento de policlínicas barriales, en la distribución de canastas de alimentos y hasta aporta dinero al Ministerio del Interior. El año pasado, además, junto a organizaciones sociales y al resto del espectro político organizó un “plan de emergencia” que instituyó los ¡órnales solidarios, a raíz de una iniciativa del EP-FA que generó una fuerte polémica en la interna encuentrista.
No obstante, el edil Pablo Pérez (Alianza Progresista, EP-FA) señaló a BRECHA que frente a la crisis económica derivada de la paralización de Punta del Este, “que comenzó antes del crac de 2002 “, la Intendencia se vio superada y no tuvo una respuesta adecuada al crecimiento de los problemas. “Hubo un aumento tremendo de la marginación social”, señaló Pérez. “Se nota en el aumento de la prostitución callejera, en la aparición masiva de gente que pide por la calle, en los hurgadores, fenómenos que antes no se conocían en Maldonado. En los asentamientos que existen en el departamento malviven unas 10 mil personas. La administración actual tiene un problema estructural que le impide afrontar adecuadamente esta situación, que es el clientelismo. Ningún ámbito escapa a este problema, entonces es imposible instrumentar un plan en profundidad porque tendrían que cambiar radicalmente su concepción de la propia estructura municipal”, remató.

ÑOQUIS AL POR MAYOR.

La reorganización de la estructura municipal, más precisamente su costado clientelístico, será uno de los desafíos centrales para la futura administración . Los datos de la realidad describen una Intendencia obesa, con la relación más alta de funcionarios por habitante de todo el país y con una enorme desproporción entre los grados inferiores y superiores del escalafón. Algunos ejemplos que ilustran esta realidad: en el escalafón de oficios hay 1,8 peones por cada capataz. En el escalafón administrativo, la relación mejora algo: hay 214 cargos jerárquicos para 419 funcionarios no jerárquicos, lo que lleva la relación a 1,9 funcionarios por cada jefe. En el escalafón de oficios hay un solo peón grado 1 pero cinco supervisores generales grado 13.
Desde el año 94, el último en que se realizó la calificación y la evaluación desde funcionarios, la carrera funcional propiamente dicha ha desaparecido. Al no haber evaluación, tampoco existe la “mesa de ascensos” tan reclamada por el gremio. Los ascensos, según reconoció el propio director de Recursos Humanos, Mariano Ferrare, a una comisión de la Junta, quedan a criterio del jerarca de cada oficina.
No es un secreto para nadie que los cargos y sueldos en la Intendencia se han convertido en la principal herramienta electoral del Partido Nacional, y en la base de sus acuerdos políticos, lo cual motivó que la estructura municipal se fuera reforman do en función de sus necesidades partidarias. Este modus operandi explica el escandaloso problema de los subrogados y los recontratados. “Cuando subrogan a un funcionario lo envían a ocupar un lugar hasta dos grados superiores al que tiene por la ausencia temporal de la persona que desempeña el cargo, y por el periodo en que ésta está ausente”, explicó Rega. “Se le paga al funcionario que ejerce esta nueva responsabilidad la diferencia de sueldo. Y cuando el jerarca ausente vuelve a ocupar su puesto, entonces el subrogado también regresa a su antiguo lugar. Pero acá se subroga igual de un grado 2 a un grado 6, o de un * grado 6 a un grado II. Y luego no vuelve a su antiguo puesto. A los contratados, como no se los puede subrogar, se los recontrata con un grado más alto. Se ha llegado a recontratar a personas hasta tres veces en un solo mes, por cuestiones de favoritismo político y amiguismo. Se usa la subrogación y la recontratación para cumplir con los compromisos políticos, con lo cual la carrera administrativa queda totalmente paralizada y desacreditada “, ejemplificó. Casi la cuarta parte de los 3 mil funcionarios están subrogados, y el 30 por ciento de éstos desde hace nueve años. Se han perdido incluso hasta las formas: desde hace tiempo ya ni siquiera se esperan las vacantes para realizar las subrogaciones.
El mecanismo de la subrogación, en la práctica, redunda en que un funcionario perciba más por realizar el mismo trabajo. El invento surgió para paliar los defectos de otro mecanismo no menos perverso: el de cubrir las vacantes adedo. Para que el funcionario perjudicado por estas prácticas, aquel que por méritos o antigüedad debía ocupar el cargo, no reclamara, se lo subrogaba-es decir se lo ascendía en forma precaria- con la promesa de que se crearía el puesto en futuros presupuestos, lo que nunca se hizo.
“A este problema hay que sumarle el de los dirigentes políticos blancos, que ingresaron en la administración de Antía y hoy ocupan cargos de dirección pero no de confianza”, agregó Rega. “‘El cargo de confianza se va cuando se va el intendente, pero éstos van a quedar. ”

AMIGOS SON LOS AMIGOS.
En otro plano, la ausencia de una política de desarrollo urbanístico sumada a la fuerte -y dudosa- inversión extranjera han derivado en un caos de proporciones. Se ha construido en cualquier sitio, y cuando la escasa reglamentación lo prohibió, se consiguieron los permisos en la Junta.
La Intendencia ha solicitado, y la mayoría oficialista votado, excepciones para Portezuelo, para la península, para La Barra o la Parada 16 de La Mansa, lugares que por su belleza o ubicación tienen una importancia crucial para el mantenimiento de la zona como lugar turístico.
No es casualidad que Maldonado sea el único departamento que tiene dos ediles destituidos por el Senado -un blanco y un colorado- precisamente por recibir coimas para aprobar excepciones en un fraccionamiento. Las últimas administraciones comunales han sido enormemente comprensivas con los empresarios. La exoneración de 300 mil dólares en tasas municipales al hotel Conrad, pese al informe contrario del Tribunal de Cuentas y del asesor jurídico de la Junta Departamental; la demolición del Centro del Espectáculo que le tapaba la vista de la playa a esa empresa; y la reciente concesión por 30 años de unos terrenos de alto valor en El Jagüel para un proyecto universitario entre el CLAEH y una institución argentina (que ni siquiera tenía permiso para realizar actividades académicas en Uruguay) son sólo algunas perlas de este largo collar de generosidades a costa del patrimonio de todos los habitantes.
Es tan tibia la actitud de la Intendencia que las empresas no respetan ni siquiera las excepciones que solicitan. Es el caso de la Torre Millenium, en la cual los arquitectos se distrajeron y pasaron de largo la altura permitida por la excepción. El EP-FA exigió al intendente que aplicara a rajatabla la reglamentación, lo que implicaba de hecho la demolición de lo construido irregularmente. Resta saber si la izquierda tendrá, en caso de acceder al gobierno municipal, la misma determinación que muestra en la oposición. Despejar esta interrogante es sumamente relevante, por cuanto más allá de los casos hasta ahora denunciados, al amparo de la tibieza comunal deben haber muchas más lujosas construcciones en condiciones irregulares frente a las cuales una administración de izquierda tendrá que adoptar una posición.

Publicada en Brecha 0953 el 5 de marzo de 2004