El nerviosismo del intendente de Maldonado Enrique Antía ante la orden judicial que lo obliga a entregar información a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre las empresas concesionarias, resulta cuando menos sospechoso. Las denuncias de la oposición en Maldonado sobre la falta de controles y los propios antecedentes del Partido Nacional inducen a pensar que se trata de algo más que un problema de mal relacionamiento entre diferentes organismos del Estado.

LA TITULAR DEL Juzgado de Paz de Tercer Turno de Maldonado, Adriana Graziuso, accedió a un pedido de la DGI y ordenó a la comuna que le brinde toda la información solicitada, poniendo como fecha límite el 22 de abril. En el escrito, el organismo recaudador explica que en repetidas ocasiones durante el último año pidió información a la comuna sobre empresas concesionarias o que prestan servicios (limpieza, barrido, jardines, mantenimiento, salvavidas, etcétera) reclamando la razón social de las mismas, su domicilio, número de RUC y montos pagados por la Intendencia en los últimos dos años, sin resultado. También pidió datos de las empresas que tienen concesiones gastronómicas, de paradores, de locales bailables y servicios de playa. La DGI sostiene en el escrito que “es inexplicable la falta de colaboración de la Intendencia de Maldonado” ya que, por ser ambas entidades organismos del Estado, “está insito un deber de colaboración ” que “constituye la proyección del más amplio y general deber de solidaridad sobre el que se articula toda propuesta de organización política de la sociedad y anima a todo el derecho público”.
Cuando el asunto llegó a la prensa, la respuesta del intendente Enrique Antía fue inusualmente dura. Ante cámaras y micrófonos, el jerarca dio rienda suelta a su indignación. Tildó de “maleducado” y “atrevido” al director de la DGI, Eduardo Zaidensztat, por haber hecho el reclamo por vía judicial, y lanzó un tiro por elevación al propio ministro de Economía, Isaac Alfie, al afirmar (sin que quedara claro si era una broma o una amenaza) que ”es como si yo le hiciera un juicio por apropiación indebida al ministro de Economía porque se me quedó con la plata de los casinos, con la del INDA o con la de los jornales solidarios”.
Parte de su malestar surgía de que, según afirmó, la administración a su cargo colaboró con la DGI aportando información cada vez que ésta se la solicitó, y que en cambio él mismo intentó hablar con Zaidensztat antes de Turismo sin que el jerarca atendiera sus llamadas. Sin embargo, una fuente interna de la Intendencia reconoció a BRECHA que ya hace un año que la DGI realiza las solicitudes sin obtener respuesta alguna. La misma fuente agregó que en realidad esta actitud no es inusual, ya que por ejemplo la Oficina de Servicio Civil reclama cada poco tiempo a la comuna información sobre número de funcionarios, ingresos y egresos, etcétera, sin obtener tampoco ningún resultado.

FAVOR POR FAVOR. En sus intervenciones públicas Antía puso como motivo principal de su molestia el hecho de que se le exija colaboración a la Intendencia mientras el gobierno central tiene cuentas impagas con Maldonado por diversos conceptos (como el canon del Hotel Conrad), y el hecho de que la comuna hace importantes aportes económicos en áreas como la seguridad, la salud o la asistencia alimentaria, aportes que deberían ser cubiertos por los ministerios competentes. Esa teoría de la vista gorda y del favor por favor entre la DGI y la comuna de Maldonado pone de manifiesto una visión muy peculiar de la administración blanca sobre su relacionamiento con los demás organismos del Estado.
Antía también apeló al localismo: declaró que Maldonado “no merece que se le trate así” se quejó de que a pesar de todo lo que aporta Maldonado al país en impuestos “a nosotros no nos dan nada, somos el último orejón del tarro”, y buscó la complicidad del comercio local, al tocar un tema sentido en el departamento: la criticada costumbre de los organismos recaudadores de fiscalizar a los empresarios formales de Maldonado y descuidar el informalismo que en esta zona hace estragos a través de los llamados “comercios golondrina”. Esta estrategia fue criticada en voz baja por un correligionario de Antía, quien señaló a BRECHA que “mientras todos los partidos políticos coinciden en que fortalecer los mecanismos de control para eliminar la evasión es el mejor camino para la reducción de la carga impositiva, las declaraciones del intendente hacen flaco favor a la imagen de estos organismos en el departamento “.
Pero para un observador imparcial resulta difícil de entender la causa por la cual el pedido de la DGI estuvo tanto tiempo sin ser atendido, y desde luego la reacción parece desmedida. Aunque el método no sea el más amigable, se está hablando, al fin y al cabo, de algunas empresas sobre las que simplemente se pide información y nada más. Quizás la reacción comunal está vinculada a las denuncias que la oposición viene realizando desde hace ya tiempo sobre la falta de control municipal en el cumplimiento de la reglamentación vigente por parte de las empresas concesionarias. Y cuando se conoce que un porcentaje muy importante de ellas, sobre todo en los rubros de limpieza urbana, están vinculadas a dirigentes políticos blancos y del sector del intendente, se empieza a tener una pista de las causas del nerviosismo.
Un dato a tener en cuenta es que entre las empresas de las cuales la comuna debe entregar datos está la que hasta hace poco pertenecía al propio intendente, y que facturó durante las dos anteriores administraciones, gracias al virtual monopolio que tenía sobre el mantenimiento de los espacios verdes de Maldonado, alrededor de 9 millones de dólares, convirtiendo a Antía en uno de los mayores concesionarios que ha tenido la comuna fernandina en toda su historia. Si bien Antía anunció durante la última campaña electoral que vendía su empresa y que ésta pasaba a ser una cooperativa, las suspicacias en cuanto a la verdadera propiedad de la misma no lo abandonaron nunca.

MALAS COSTUMBRES. Por otra parte, los antecedentes inmediatos de los dirigentes blancos en materia de concesiones no son los mejores. Durante los últimos meses de la anterior administración, luego del fallecimiento de Domingo Burgueño, una serie de irregularidades denunciadas públicamente por ADEOM determinó que la Junta Departamental formara una comisión investigadora que trabajó durante cuatro meses. La comisión se reunió con el intendente Tortorella (que asumió luego de la muerte de Burgueño) y sus directores, con particulares, con las juntas locales, recibió testimonios de ADEOM e informes del Tribunal de Cuentas y la Oficina Nacional del Servicio Civil. En su informe final de 2.200 páginas la comisión comprobó apartamientos de la legislación y graves irregularidades en un número muy importante de casos. En ese momento se investigó también la empresa del propio Antía, y éste fue uno de los pocos casos en que hubo discrepancias entre los cuatro ediles de los partidos tradicionales y el único del Frente Amplio que integraba la comisión. Mientras para los primeros (tres blancos y un colorado) no había nada irregular, para el edil frenteamplista ocurría exactamente lo contrario. Pero aunque la coincidencia en gran parte del resto de las denuncias llegó hasta el extremo de que la Junta retirara la confianza al intendente, en la práctica no hubo consecuencias. Nadie fue sancionado ni se tomó medida alguna.
El caso de la empresa Consorcio Tracoviax también sirve para entender el papel que los organismos de control fiscal pueden jugar en la consumación de las maniobras dentro del propio aparato del Estado. En febrero de 1999 llegó a manos del periodista Carlos Peláez una carta donde un representante de esa empresa, dedicada a obras viales, se dirigía al intendente expresando su preocupación por que el BPS quena cobrar los aportes correspondientes a la ampliación de una concesión por la cual ellos no habían recibido dinero. La misiva reveló una metodología utilizada regularmente por la Intendencia, la de ampliar los contratos sin que la empresa concesionaria perciba nada por esa ampliación, a efectos de que la comuna disponga de fondos frescos que quedan fuera de todo control. Este episodio, que no fue desmentido por la empresa, tampoco tuvo consecuencias de ningún tipo.
Estos antecedentes adquieren relevancia a la hora de tener en cuenta que la actual administración sigue en manos del mismo partido y sector que la anterior, en la que ocurrieron estos hechos, y que los directores y el equipo de gobierno, con algunas variantes y enroques internos, son prácticamente los mismos.

Publicado el 23 de abril de 2004 en Brecha Nº 0960