El jueves 8 el Encuentro Progresista de Maldonado resolvió impulsar a través de su bancada el juicio político al Intendente Enrique Antía. La causa de esta decisión es la no concurrencia del jerarca a la Junta Departamental a pesar de tener dos llamados a sala realizados en noviembre pasado por la oposición. Los temas que motivaron en su momento esos llamados fueron las polémicas obras que la intendencia efectuara en la franja costera y la política de recursos humanos de la comuna.
Para aprobar el juicio político –que se realiza en el Senado de la República- se necesitan los votos de la tercera parte de la Junta, once ediles, y la bancada del EP-FA en Maldonado tiene nueve. Según confirmó a BRECHA una fuente frenteamplista, ya se cuenta con un voto más, el del edil herrerista Alfredo Lara, que ha estado fuertemente enfrentado a Antía durante casi todo el actual período de gobierno. Para el voto que falta se están haciendo contactos con los colorados, cuya bancada cuenta con seis curules. Sin embargo, varios dirigentes de la coalición reconocieron a BRECHA que hay un escollo que en principio parece arduo de superar. La reglamentación exige que se realice una sesión extraordinaria en la Junta con este tema como único punto del orden del día, y será muy difícil que cuando ésta tenga lugar, se alcance el quórum de 16 ediles necesario para funcionar. Para eso se necesita el apoyo de toda la bancada colorada y por ahora esa posibilidad parece muy lejana, aunque se están realizando los contactos pertinentes.
Además del juicio político, la coalición decidió también organizar una “interpelación pública” al intendente de Maldonado fuera de la Junta, en medio de una campaña de movilizaciones.
El edil Ruben Toledo (Cabildo 2000, EP-FA), propulsor de las medidas, señaló a BRECHA que sus iniciativas están motivadas por la preocupación ante la reiterada violación de normas “no solamente departamentales sino de la propia Constitución. Han pasado por arriba del TOCAF. Se pasaron por alto la ley por la cual tienen que dar cuenta a la DINAMA de toda intervención en la costa. El Ministerio (NdR: MVOTMA) multó a la Intendencia por no haber actuado de acuerdo a la ley y eso lo vamos a pagar todos. La Junta Departamental votó en ese momento una resolución para terminar con todas las intervenciones en la costa de la Mansa y dejar que ésta volviera a su estado natural, para lo cual fijamos un plazo de 15 días. Pero el Intendente hizo caso omiso a la resolución de la Junta, siguió con los estacionamientos, hizo cordón cuneta, etc. Fue entonces cuando yo planteé que como Antía no venía y seguía desconociendo resoluciones de la DINAMA, el camino que quedaba era el del juicio político”.
La resolución, aprobada el mismo día por la bancada encuentrista y la Mesa Política del Frente Amplio, fue complementada con la decisión de realizar una interpelación pública al Intendente. “Ya que no viene a la Junta -afirmó Toledo-, que le dé las explicaciones al pueblo, en un acto en la calle o en un local, en forma pública. Lo vamos a invitar, aunque no creo que venga. Lo que queremos es que se conozca la verdad y no sólo lo que el intendente sale a decir por ahí. Y dejar planteadas las preguntas que no hemos podido hacerle en sala”. La fecha y el lugar para esta actividad aún no están fijados, aunque probablemente se realice una vez finalizada la temporada, a mediados de marzo, en un lugar abierto.
Por su parte el edil Oscar de los Santos (Alianza Progresista, EP-FA), propuso a la Mesa Política del FA –que aprobó su idea- que todo esto se haga en medio de movilizaciones. “El llamado a interpelación pública –dijo De los Santos a BRECHA- es sólo una de las movilizaciones a realizar. Otras son los actos barriales, la volanteada, la reunión familiar… Estamos peleando para torcer el rumbo de Antía en esta administración. El objetivo es lograr que desande todas las violaciones que ha hecho, y por las que no viene a responder. Si no caldeamos el ambiente, Antía va seguir sin ir a la Junta y va a seguir violando las normas. Por ejemplo, está tomando gente ahora. Según establecen la normas presupuestales, él podía tomar el 15% de los funcionarios que se habían ido, lo que daba un número de ocho personas. Sin embargo tomó a 64. Si eso lo proyectamos para el año preelectoral, la Intendencia no va a tener 2.700 funcionarios como decía la declaración de principios del presupuesto quinquenal y las modificaciones posteriores: va a tener nuevamente más de tres mil. Y nosotros, con la convicción de que el Encuentro Progresista va a llegar al gobierno, queremos evitar encontrarnos un municipio en escombros y con una situación muy compleja de resolver. Lo queremos frenar hoy”.
En las próximas dos semanas, una comisión de la bancada encuentrista formada por los ediles Toledo, De los Santos y María del Carmen Salazar, realizará un documento con la síntesis de los aspectos más graves de las acusaciones a la intendencia. Ese trabajo será entregado a la Mesa Política del FA para que la misma la difunda a través de su estructura política y así “empezar a generar las condiciones para lograr que la interpelación a esas violaciones sea hecha por la sociedad”. Mientras tanto, se suceden los contactos con ediles del Partido Colorado en la búsqueda de las voluntades parra llevar a cabo el juicio político.
Publicada el 16 de Enero de 2004 en Brecha Nº 0946