Con el voto de 18 ediles sobre 20 presentes, la Junta Departamental de Maldonado decidió el pasado 27 de abril “archivar sin perjuicio” el trámite inconcluso del nombramiento de un ciudadano de este departamento para ocupar el cargo de Defensor del Vecino. Como reconoce en uno de sus puntos el informe presentado por la comisión al plenario, “no se alcanzó el quórum exigido de los 4/5 (cuatro quintos) de sus miembros para seleccionar él o los candidatos de entre los cuatro preseleccionados”. Conviene señalar, porque en el texto no queda del todo claro, que no se refiere a que ninguno de los cuatro candidatos haya obtenido los votos necesarios, sinó que la propia comisión no alcanzó el quórum mínimo para votar uno cualquiera de ellos.

El proyecto tuvo un largo camino. Fue presentado hace más de una década, en noviembre de 1993, por el Presidente de la Junta Departamental durante la primera administración de Burgueño, el nacionalista Gastón Pereyra, quien luego se pasara al Encuentro Progresista y hoy es edil por esa fuerza política. En agosto del 2002, el edil blanco Álvaro Villegas (actual prosecretario de la Intendencia) reflotó el proyecto, que fue votado por las tres bancadas y enviado para su promulgación al Intendente. Enrique Antía lo firmó en junio del 2003, y luego de su publicación en el diario oficial, volvió a la Junta para que ésta eligiera la persona que ostentaría el cargo.

En aquel momento este tema se transformó en un caballito de batalla de los blancos, que comparaban la situación local con lo ocurrido en la capital del país. En el año 2001, el intendente de Montevideo Mariano Arana se había comprometido con el Partido Nacional a aprobar el decreto del Defensor del Vecino en ese departamento a cambio del apoyo de los blancos a la creación de la tarifa de saneamiento. El Partido Nacional cumplió su parte del pacto pero la falta de acuerdo interno en la bancada oficialista de Montevideo postergó el cumplimiento de la contraparte por tres años, hasta que el proyecto fue aprobado en diciembre de 2003.

Por eso resultó sorprendente, cuando en Maldonado estuvo todo pronto y llegó la hora de ponerle nombre y apellido al nuevo cargo, el cambio en la actitud de algunos ediles blancos y colorados, quienes a pesar de haber votado el proyecto dos años antes, comenzaron a cuestionar el instituto y a demorar su concreción.

El edil Carlos Etcheverry (EP-FA, PS) integrante de la comisión formada para hacer la preselección de candidatos al cargo, relató a BRECHA que desde el comienzo de su funcionamiento se vio que no había voluntad política para culminar el trabajo exitosamente. Desde los cuestionamientos colorados (“ una edil colorada planteó que la sociedad no estaba madura para este instrumento”), hasta la actitud de algunos de los ediles del oficialismo, que según Etcheverry “también estaban en contra y dejaron de ir. Y ya no hubo oportunidad de llegar a los cuatro quintos de quórum que se necesitaba para resolver”. La ausencia en la comisión de los ediles del Partido Colorado y fundamentalmente del Partido Nacional, mayoría en este organismo, hizo que el trámite se empantanase irremediablemente cuando ya se habían seleccionado 4 de los 16 nombres propuestos. Luego de que se prorrogara varias veces el período de funcionamiento de la comisión, ésta se rindió a la evidencia de que no se llegaría a ningún resultado, y el plenario de la Junta lo envió a dormir el sueño de los justos.