Mientras un exultante Ministro Bordaberry anuncia dos millones de turistas para el año 2004 y cuatro millones para el 2006, en Maldonado la coalición blanquicolorada da luz verde a dos enormes edificios en la rambla de Punta del Este, consolidando un camino de construcción irresponsable que pone en riesgo el futuro del balneario como producto turístico.
Con la firme oposición del EP-FA, la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (Adipe), el sindicato de la construcción (Sunca) y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SUA), el martes 7 de setiembre la Junta Departamental de Maldonado aprobó la construcción de dos torres sobre la playa, en una inversión total que ronda los U$S 40 millones. Aunque las ordenanzas que rigen en esta zona no habilitan edificios de esa altura, los empresarios hicieron las solicitudes de excepción acogiéndose al polémico decreto municipal conocido como “de Grandes Proyectos” que fue promulgado a principios del actual período de gobierno con el voto unánime de los tres partidos políticos. Este decreto permite a los emprendimientos que tienen un interés especial para la comunidad, saltearse las ordenanzas en lo relativo a la altura, retiros, etc., además de que los exonera de todas las tasas municipales de edificación y les concede varios otros beneficios. Aunque la situación de parálisis económica que originó el decreto ya quedó atrás, y la industria de la construcción está pasando por una reactivación muy importante en el departamento, el mantenimiento de esta norma sigue dando la oportunidad a algunas empresas de realizar inversiones y construir en lugares de altísima rentabilidad pero de muy cuestionable interés para la comunidad.
UNA CIUDAD PARTICULAR.
Punta del Este es un caso peculiar dentro del Uruguay. Construida en gran medida con el dinero negro de la evasión fiscal argentina, es una de las pocas ciudades de nuestro país cuyo crecimiento en las tres últimas décadas ha sido relativamente planificado y ordenado. A mediados de los 70, los técnicos municipales elaboraron una serie de disposiciones que se referían a conceptos como el factor ocupación del suelo o la relación de la altura con los retiros, y hábilmente conjugaron el incentivo a la construcción con el respeto a todas estas normas. El famoso boom de la construcción pudo ser entonces controlado, y el resultado de aquella reglamentación es hoy unánimemente reconocido como un logro fundamental en la conformación de un Punta del Este que tiene pocos puntos de comparación dentro de América Latina. A principios de los 90, a poco de asumir la administración comunal el nacionalista Domingo Burgueño, la Intendencia contrató a tres arquitectos para realizar un documento titulado “Lineamientos del Plan Director de Punta del Este y Maldonado”, que puso al día las líneas generales de las políticas de urbanismo y ordenamiento territorial. Cuando la comuna modificó la Ordenanza de la Construcción (en algunos casos siguiendo los criterios aconsejados por el Plan y en otros contradiciéndolos explícitamente), muchas voces se alzaron contra lo que consideraban una excesiva liberalidad de la nueva reglamentación. El argumento del oficialismo fue entonces que de esa manera se evitarían en el futuro las solicitudes de excepciones. Sin embargo, la realidad mostró todo lo contrario. Quizás a causa de su propia falta de firmeza, la Junta Departamental (que es quien tiene la potestad de aprobar toda modificación que se aparte de las ordenanzas), vio en los años siguientes como en vez de desaparecer, aumentaba el número de solicitudes de excepciones. El decreto de Grandes Proyectos, aprobado en el año 2000 y pensado para promover las fuentes de trabajo en el departamento, agudizó el problema y abrió la puerta para varios emprendimientos que si bien traen inversión y crean fuentes laborales, ponen una nota de alarma sobre los peligros de echar por la borda una identidad urbana que es la marca del balneario.
La arquitecta Isabel Viana, una de las responsables del citado Plan Director (que si bien nunca fue enviado a la Junta ni aprobado explícitamente, fue usado como guía de la gestión), no quiso expedirse sobre el caso puntual de las nuevas torres ya que no conocía los detalles, pero señaló a BRECHA que en su opinión “no me parece que se vaya a conseguir más o menos empleo con la atribución de excepciones a la norma. Lo que necesitamos es construir una ciudad lógica, coherente, que funcione, y no creo que eso se deba manejar por excepciones atribuidas a lotes individuales. Creo que las decisiones sobre la ciudad hay que tomarlas a escala de la ciudad. Me parece bien que se fomente la industria de la construcción, evidentemente el desarrollo de nuestra zona está ligada a ella. Pero entonces veamos toda la ciudad, estudiemos el conjunto, en qué zona y para qué tipo de demanda es necesario construir, y ahí se toman las decisiones que aseguren un funcionamiento urbano adecuado”
La principal preocupación que desvela a mucha gente es el peligro de caer en situaciones como las vividas en otros balnearios, en particular en Italia y España (pero también mucho más cerca, en Copacabana, Acapulco o Mar del Plata), donde la construcción indiscriminada arruinó los lugares como productos turísticos. El Dr. José Luis Sciandro, consultor en temas jurídico-ambientales, señaló a BRECHA que a partir de esa experiencia, en Europa precisamente se está recorriendo el camino inverso, “demoliendo construcciones que se han hecho, como en este caso, por excepciones no muy claras”. Por su parte Isabel Viana recordó que en todo el mundo hay un estímulo de consumo de naturaleza por el turista que genera contradicciones que no siempre son fáciles de resolver: “Los sitios se ven hermosos y se estimula a la gente a que vaya allí en gran número. Esa presencia requiere de ciertos equipamientos, y la instalación de los mismos hace que el lugar pierda valor de naturaleza y que por lo tanto la gente los abandone. Es un proceso cíclico que se da en muchos lados; y es un riesgo actual de todos los sitios con valores de naturaleza”.
JUICIOS Y NORMAS
Pero las nuevas excepciones aprobadas no solamente conllevan problemas de ordenamiento urbano, sino que además seguramente traerán juicios de particulares contra el estado. Es lo que explica Sciandro, que informó a BRECHA que en su carácter de abogado ya ha sido consultado por propietarios enojados: “No sólo estamos presenciando una clara violación del urbanismo y afectando el desarrollo futuro de la zona, sino que además se perjudica a gente que en función de la normativa existente construyó su casa en determinado lugar. Su propiedad, que valía equis plata, ahora va a valer mucho menos. Hicieron una inversión en una zona residencial con determinadas características, pagan la contribución como barrio jardín, y un acto de gobierno –que para mí es claramente abusivo- la transforma en un lugar muy diferente. Al cambiarle las reglas de juego le están causando un perjuicio económico. En todo el mundo eso está expresamente prohibido como principio, hay que mantener los equilibrios en las hipótesis de cambio de norma para evitar que haya beneficios extremos y perjuicios extremos.”
Por su parte el Presidente de la Junta Departamental de Maldonado, el nacionalista Fernando García, defendió la postura del oficialismo señalando que cuando los empresarios insisten en presentar excepciones es porque la norma que deben contemplar tiene alguna carencia. “Hace años que los tres partidos están hablando de la modificación de la norma y está llegando el momento en que lo vamos a tener que realizar. Pero hay que ver los resultados de lo que ya está hecho. El Conrad, uno de los primeros casos, que fue muy criticado por la oposición, hoy es una realidad y está funcionando muy bien” recordó. García hizo un recuento de las excepciones aprobadas, señalando que en su opinión ninguno de estos proyectos va a generar un rompimiento importante con el entorno. “Entonces yo creo que la consideración pasa a ser subjetiva y ahí pasan a tener valor otros elementos como el de la mano de obra, el movimiento comercial de barracas y otras empresas de la zona. En definitiva la revitalización del sector de la construcción que después del turismo es la actividad económica más importante para el departamento, por lejos. Entre ambas industrias, componen el 95% del producto bruto interno departamental”. García además recordó que el polémico decreto fue aprobado por todo el sistema político, y señaló la incoherencia que significa el votarlo y luego, cuando hay que aplicarlo, rechazar todos los casos que se presentan. “Cuando se habilita para votar y considerar puntualmente tema por tema, después no se puede decidir orgánicamente no tratar ninguno” enfatizó.
La pregunta que se hacen muchos es si el decreto tiene sentido en este momento. Para el edil Juan Carlos Bayeto (Vertiente Artiguista), la respuesta es negativa, ya que si bien fue aprobado en un momento de crisis importante, la reactivación de la industria de la construcción hace que ya no sea necesario, y hasta aconseja su derogación. “Desde el 1 de enero hasta hoy, bajo las normativas de las ordenanzas, hay presentados y aprobados 140 mil metros cuadrados de construcción, y hay 20 mil más para ser estudiados pero que seguramente serán aprobados. Son 160 mil en el año. Bajo la categoría de proyectos especiales hay presentados 30 mil. El sentido común dice que no se justifica el mantenimiento de la normativa de proyectos especiales, porque la situación que ameritó en aquel momento que se aprobara hoy ya no existe. Creemos que hay que derogar ese decreto” señaló el edil. Pero Bayeto reconoce que la actual normativa en general está caduca y hay que sentarse a discutir un nuevo plan general urbanístico para Punta del Este y Maldonado: “Lo que vamos a tener que hacer es definir como queremos que crezca Punta del este y las demás ciudades del departamento. Cómo, de qué manera, hacia donde, y ponernos de acuerdo en términos técnicos y políticos y después en función de eso adecuar las ordenanzas”.
Lo que está claro –o por lo menos debería estarlo- es que los criterios para los cambios en la normativa deben poner el interés de los vecinos antes que el interés de las grandes empresas constructoras. Que es, además, el interés de un país que necesita del turismo, una industria que genera hoy día tantos ingresos como la agroexportadora pero con una capacidad distribuitiva incomparablemente más desarrollada.